En las negociaciones para acordar el V Programa con el FMI se establecerá el marco que delimitara, de manera muy estricta, los márgenes de acción que tendrán las políticas públicas para los próximos 3 años. Estas negociaciones serán decisivas para determinar si Nicaragua podrá alcanzar o no el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en los campos de la educación, salud, vivienda, acceso al agua potable y saneamiento, y a la infraestructura básica.
 
Es indiscutible que Nicaragua requiere hacer un esfuerzo extraordinario para comenzar a superar las enormes desigualdades que caracterizan al país.
 
·  Como resultado de estas profundas desigualdades, de acuerdo al Banco Mundial el 79.9% de la población nicaragüense sobrevive con menos de US $ 2 al día y 45.3% lo hace con menos de US $ 1 al día.  Esto significa que segmentos muy extensos de la población carece de toda posibilidad de acceder, por sus propios medios, a los servicios sociales fundamentales.

· Nicaragua es el país de América Latina con mayor porcentaje de sub-nutrición  después de Haití, con un 27%, similar al de los países de menor ingreso del planeta.

· Nicaragua exhibe una tasa de analfabetismo (sin incluir el funcional) equivalente al 24.35% frente a un promedio del 9.8% en América Latina y 13.3% en Bolivia.

· La tasa de culminación primaria en Nicaragua, se encuentra por debajo del promedio de los países de menor ingreso del mundo, por lo cual Nicaragua es el único país de la región latinoamericana que muestra una probabilidad proyectada inferior al 70% para que la población menor de 5 años alcance a culminar la educación primaria.

· La tasa de escolaridad secundaria neta de Nicaragua, del 44%, es similar a la de Mozambique, un país de África país cuyo ingreso per cápita es cerca de 60% inferior al de Nicaragua, y de otros países de muy bajo ingreso como Gambia, Kenya y Bangladesh, mientras en Bolivia, país cuyo ingreso per cápita es similar al de Nicaragua, esta tasa. se eleva hasta el 73.6%

· De acuerdo al Banco Mundial, mientras Nicaragua invierte apenas el equivalente al 5% del PIB Per cápita por estudiante de enseñanza secundaria, los países de mas bajo ingreso del planeta invierten en promedio el 13% y América Latina invierte como promedio el 18%.

· De acuerdo a la CEPAL más de la mitad de la población carece de acceso a los medicamentos esenciales.

· La tasa de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos es de 96.3 de acuerdo al MINSA.

·  La mortalidad infantil de los niños menores de 5 años se eleva hasta 64 por cada mil nacidos vivos para el quintil más pobre de los hogares   y se reduce a 19 en el quintil de ingresos más elevados. La tasa de desnutrición crónica infantil, medida por la relación talla/edad, se redujo, en el promedio nacional, del 24.9% en 1998 a 20.1% en 2001, pero esta reducción se concentro principalmente en los quintiles superiores, mientras que la del quintil más pobre apenas se redujo.

· La cobertura del abastecimiento de agua potable en Nicaragua para el año 2004 fue del 75.8 % a nivel nacional, y en las zonas  rurales es de solo 48.5%. En cuanto a la calidad del agua, un estudio que abarcó de 43 proyectos en la zona rural de Nicaragua, financiado por UNICEF y ACDI, concluyó que el riesgo microbiológico en las viviendas es alto en términos de bacterias coniformes fecales en el 90 % de las comunidades donde se hicieron análisis.

· El déficit global de viviendas en Nicaragua se estima en más de 400,000, y este déficit aumenta en unas 45,000 viviendas por año.

· De acuerdo con datos de la CEPAL, el Gasto Público Social per cápita de Nicaragua en 2002-2003 fue cercano a la mitad del Gasto Social per cápita de Honduras  y la mitad del de Bolivia. Honduras y Bolivia son dos países tan pobres como Nicaragua, que también integraron la Iniciativa HIPC.
 
En el caso de Nicaragua, la inversión en capital humano, la cual debe además asegurar el derecho a una educación y salud de calidad para todos, pasa a revestir una importancia de la mayor envergadura. Esto adquiere especial relevancia en un contexto en que el país está atravesando una etapa de profundos cambios sociodemográficos, que tendrán repercusiones decisivas, y difícilmente reversibles, para el futuro del país.
 
El último censo de población muestra que la población en edad de trabajar está creciendo de manera muy acelerada – más rápido que el crecimiento global de la población –, mientras el crecimiento de la población infantil se ha desacelerado.
 
Por un lado, esto aumenta las posibilidades de reducir la pobreza. Esto significa que en el seno de los hogares habrá cada vez mayor número de personas en edad de trabajar, y un menor número personas dependientes –sobre todo niños – que sostener, lo cual, si la población en edad de trabajar encuentra empleos dignos, adecuadamente remunerados, permitiría un ingreso mucho mayor en los hogares, y una mayor inversión en educación y salud por cada niño o persona dependiente; y por otro lado, si esta creciente fuerza de trabajo encontrase ocupación en empleos de alta productividad, el potencial de crecimiento de la economía se expandirá considerablemente, generando un círculo virtuoso.
 
Sin embargo, el que esta "ventana de oportunidad" resulte beneficiosa depende en gran medida de las oportunidades de empleo existentes y de la preparación que tengan quienes entran a la fuerza de trabajo. Si no se asegura a tiempo - es decir, desde ahora - que los jóvenes entren al mercado laboral con niveles adecuados de calificación, la oportunidad se convertirá en una catástrofe social por los altos niveles de desempleo, inseguridad ciudadana y de emigración masiva al exterior que sin duda se agudizarían.
 
En Nicaragua, frente a este más rápido crecimiento de la población en edad de trabajar, que constituye la fuerza de trabajo potencial del país, lo que la economía nicaragüense está generando no son empleos de alta productividad y adecuada remuneración, sino fundamentalmente empleos precarios e informales, de muy baja productividad, que proporcionan a quienes los desempeñan una pobrísima remuneración y que únicamente demandan para su desempeño de una fuerza de trabajo de muy baja calificación.
 
Lo que está ocurriendo es que, al haberse cerrado a lo largo de estos años a los niños y niñas de los hogares de menores ingresos – que constituyen la mayoría absoluta de los niños – el acceso a una educación suficiente y de calidad, se condenó al país a tener hoy una fuerza de trabajo de bajísima calificación, la cual únicamente puede ser absorbida por el tipo de empleos que, de manera predominante, está generando nuestra economía. La economía nicaragüense no puede comenzar a generar, de manera predominante, empleos de buena calidad, porque estos demandan la existencia de una fuerza de trabajo de alta calificación, que no existe en Nicaragua.
 
En los pasados 16 años, mas de un millón de jóvenes se incorporó al mercado de trabajo con un nivel de escolaridad de 2, 3, 4 o cuando mucho 5 anos, muy por debajo del mínimo necesario para tener suficientes probabilidades de no verse condenados a sobrevivir los siguientes 50 años de su vida adulta bajo el umbral de la pobreza absoluta. Si no se hacen los esfuerzos necesarios y no se invierte en capital humano en la medida necesaria, con el crecimiento mucho mas rápido de la población en edad laboral que se está produciendo, muy pronto lo que estaremos presenciando será otro millón de jóvenes más, condenados a entrar al mercado laboral con una escolaridad exigua.
 
En este caso, se habrá perdido definitivamente esta única ventana de oportunidad, la cual solamente tendrá una duración limitada.
 
En estas negociaciones con el FMI, habrá que enfrentar además la necesidad de asegurar el acceso de las mayorías excluidas y marginalizadas de la población – que se localizan principalmente en las zonas rurales – a los servicios sociales y la infraestructura básica. El acceso a estos servicios se constituye en un derecho humano básico, que el Estado tiene la obligación de atender.
 
Por lo tanto, en atención a estas consideraciones, y en ejercicio de nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, demandamos que el Gobierno de la República de Nicaragua ante todo asuma frente al el FMI la representación de las necesidades e intereses de los y las nicaragüenses, y la defensa firme y decidida de los derechos humanos indivisibles, inalienables e irrenunciables de los que somos portadores los más de 5, 000,000 de personas que habitamos el país.
 
En tal sentido, en estas negociaciones debe asegurarse el logro de una serie de objetivos fundamentales, tales como:
 
· Que los presupuestos nacionales orientados a educación, salud, seguridad alimentaria y nutrición, vivienda e infraestructura básica, se eleven hasta el nivel que sea necesario para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en estos campos fundamentales.

· Que el salario de los trabajadores que prestan los servicios públicos de educación, salud y  seguridad ciudadana, se eleve hasta llegar a alcanzar en los próximos 5 años un nivel similar al de sus homólogos centroamericanos.

· Que se utilice, como criterio para evaluar la "sostenibilidad" de la deuda pública, el  cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La "deuda sostenible" sería aquella que permitiese alcanzar el cumplimiento de dichos Objetivos, tal como lo propuso el ahora Ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan Esto  significa que el Gasto de Inversión en Capital Humano, el salario de los trabajadores de educación y salud, y las transferencias municipales, no pueden seguir constituyendo las variables de ajuste" para asegurar, a toda costa, la "pagabilidad" de la deuda publica.

· Que, en aras de que el sector público pueda contar con los recursos indispensables para ello, se reestructure la onerosa deuda pública interna, porque el servicio de la misma está estrangulando las posibilidades que tiene nuestro país de efectuar las inversiones en capital humano e infraestructura básica, que constituyen prerrequisitos y elementos indispensables para su desarrollo.

· Que se impulse una reforma tributaria que eleve la eficiencia y sobre todo alcance la progresividad del sistema tributario, asegurando que los sectores que concentran el ingreso paguen proporcionalmente más y se generen con ello los recursos necesarios para invertir en el futuro.

· Que la Cooperación de la República de Venezuela apoye los esfuerzos presupuestarios requeridos para alcanzar el derecho al acceso cada vez más universal a servicios sociales y públicos.

· Que se preserve la capacidad regulatoria del estado sobre los servicios públicos, para asegurar la calidad en su prestación, y evitar que los monopolios u oligopolios que existen puedan aprovechar su poder en perjuicio de la población.

· Que cualquier negociación sobre la seguridad social no se limite solo ni exclusivamente el de la viabilidad financiera a medio-largo plazo del INSS, sino el asunto, de fondo, de la necesidad de asegurar la existencia de una política integral de seguridad y protección social del Estado, y como financiarla.

· Que cualquier negociación sobre las transferencias municipales no puede partir de aceptar a priori la exigencia de su "neutralización".  Para mejorar y consolidar el proceso de descentralización, es indispensable delimitar con mucha mayor claridad las competencias que corresponderá asumir de manera exclusiva y obligatoria a los gobiernos municipales, y resolver las ambigüedades que todavía persisten en la definición del rol y las responsabilidades que corresponden, tanto a las entidades centrales como a los gobiernos locales, en el caso de las competencias concurrentes o compartidas. En caso de que este proceso de delimitación de competencias signifique que los Municipios deban asumir mayores responsabilidades de gasto que las actuales, en todos los casos esto debería acompañarse de los recursos adicionales correspondientes.

· Que estos acuerdos respeten estrictamente, y en todas sus dimensiones, la Autonomía de los Gobiernos Municipales y de las Universidades de Servicio Público, y las asignaciones presupuestarias establecidas por mandato constitucional.
 
Todo acuerdo con el FMI debe partir de un respeto irrestricto e innegociable a la Constitución Política y las Leyes de la República de Nicaragua.
 
No se puede admitir, bajo ningún concepto, que las exigencias del FMI violenten el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, violación que incluiría cualquier demanda de actores externos orientada a cambiar el ordenamiento jurídico que el país se ha dado a sí mismo (siempre y cuando el mismo no violente los derechos humanos, por supuesto).
 
Para finalizar, consideramos que el gobierno nicaragüense debe tomarse el tiempo necesario no solo para preparar un programa económico y social que cumpla con estas características, sustentado en una sólida argumentación técnica, sino también –lo cual resulta de fundamental importancia – para construir un fuerte consenso nacional, con vistas a que la postura negociadora frente al FMI sea una posición de país. Para ello, deberá abrirse un proceso deliberativo nacional abierto y ampliamente participativo, plenamente informado, que involucre a la mayor parte de sectores nacionales
 
Estos asuntos no pueden dirimirse únicamente a través de encerronas con los grandes grupos de poder, económicos y políticos. Estos asuntos nos afectan a todos y cada uno de los seres humanos que habitamos Nicaragua. Aquí es donde cobra todo su sentido la participación, y la democracia de los ciudadanos y las ciudadanas.