Washington – El gobernador del estado norteamericano de Texas, Greg Abbott, defendió la ley contra las llamadas ciudades santuario, que firmó hace menos de 10 días y es rechazada por defensores de los inmigrantes.
Dichas urbes, que son unas 200 en Estados Unidos, limitan su colaboración con las autoridades federales para proteger a ese tipo de personas sin documentos.
Nadie debe tener miedo de ser detenido para comprobar su estatus migratorio a menos que sea sospechoso de haber cometido algún delito grave, expresó Abbott en una entrevista con una televisora local.
Por su parte, los opositores a la norma, que debe entrar en vigor el próximo 1 de septiembre, afirmaron que ésta no ofrece las garantías planteadas por el gobernador.
Sin aviso previo al público, Abbott rubricó el 7 de mayo último tal ley, que permite a los agentes del orden preguntar la condición migratoria a detenidos.
También, apuntaron entonces reportes de prensa, contempla penas de cárcel para los jefes policiales que no cooperen con las autoridades federales.
Según Abbott, leyes similares fueron impugnadas antes en tribunales federales, pero los habitantes de Texas confían en que los legisladores velen por su seguridad.
La iniciativa, apuntaron las informaciones, superó varios obstáculos en la legislatura controlada por los republicanos debido a las objeciones de los demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes que repletaron el Capitolio de dicho territorio.
Asimismo, los principales jefes policiales en Texas se opusieron al proyecto de ley mientras que sus defensores destacaban la importancia de mantener la tranquilidad por todas las vías.
Pocos días después de asumir el cargo el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.
La disposición se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos fondos a las ciudades santuario.
Para el fiscal general, Jeff Sessions, cuando esas urbes y los estados se niegan a ayudar a hacer cumplir las leyes, su país es menos seguro, por lo cual, esas políticas no pueden continuar.
Sessions manifestó a finales de marzo que con tales posiciones las ciudades santuario están menos protegidas, y se ponen en riesgo de perder los recursos federales.