Por Cristina Álvarez
La Campaña Mundial por la Educación se une a la Alianza Global por la Justicia Fiscal, Oxfam, Action Aid y otras organizaciones en defensa de políticas fiscales más progresivas que garanticen la financiación de servicios públicos de calidad.
La prestación de servicios públicos de calidad permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades. Todo el mundo parece estar de acuerdo con la idea de que la educación es un pilar básico para el presente y el futuro de nuestras sociedades, el motor que hace avanzar al mundo por el camino del progreso y una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando desde las organizaciones sociales nos movilizamos para defender el derecho de todas las personas a una educación gratuita y de calidad, el consenso político y social es prácticamente absoluto. Este acuerdo ha quedado reflejado, negro sobre blanco, en diversos compromisos internacionales, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
El cuarto de ellos compromete a los Estados a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, a través de una serie de metas relativas al acceso a la educación, la igualdad de género, la equidad educativa y el profesorado. Este objetivo, que debe alcanzarse en el año 2030, aplica a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo y situación económica. Es decir, también afecta al sistema educativo español, e impone a nuestro país una doble obligación: como donantes, debemos volver a la senda de asignar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y dedicar al menos el 8% de esa ayuda a la educación básica.
Pero también en nuestro país tenemos que trabajar para cumplir con las metas establecidas por el ODS4 y, teniendo en cuenta que somos el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar prematuro. Los partidos políticos están impulsando un pacto de Estado por la Educación que aspira a ser un acuerdo político, social y territorial amplio que sobreviva durante diversas legislaturas.
No hay dinero, dicen. El caso es que, entre 2010 y 2012, España redujo el presupuesto educativo en un 12%, frente al 3% de la media europea; aunque lo cierto es que nuestro país ha invertido en educación menos que sus homólogos de la UE y la OCDE.
En cuanto a nuestras obligaciones, los datos pintan un panorama todavía más negro: la AOD española se ha recortado en más de un 65% entre 2008 y 2015, y en el caso concreto de la destinada a educación, la reducción ha sido aún mayor (de un 90%, pasando de 354 a 34 millones de euros en ese mismo periodo).
El lugar prioritario que presuntamente ocupa la educación en la agenda política y social no se ve respaldado por una financiación adecuada que permita garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué pueden hacer los Gobiernos para que su compromiso con la educación vaya más allá del discurso?
Todos nos hemos familiarizado con escándalos como los “Luxembourg Leaks” (o la amnistía fiscal ilegal decretada por el Gobierno español en 2012), pero quizá no seamos del todo conscientes de su verdadero impacto. Se estima que el fraude fiscal en España asciende a 59.500 millones de euros, una cifra superior al presupuesto total destinado a educación en el año 2016. El 72% del fraude fiscal en España corresponde a las grandes fortunas y a las grandes empresas, cuya presencia en paraísos fiscales se incrementó en un 10% entre 2013 y 2014. Miles de millones de euros perdidos por las arcas públicas que podrían haberse destinado a garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, incluyendo la inversión en educación, tanto en nuestro país como en los países en desarrollo (a través del incremento de la AOD).
La prestación de servicios públicos de calidad no sólo es una herramienta que permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades, sino que es el principal mecanismo que permite a los Gobiernos garantizar derechos como la salud o la educación. Desde la Campaña Mundial por la Educación nos unimos a la Alianza Global por la Justicia Fiscal y otras organizaciones para exigir a los Gobiernos que se unan para luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, además de aplicar políticas fiscales progresivas que permitan una verdadera redistribución de los recursos que garantice la igualdad de oportunidades.
Es el momento de pasar de las palabras a los hechos: garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y aumentar el presupuesto de educación es posible. Sólo hay que querer y exigir los medios.