IV. ALGUNAS SITUACIONES EN EL VICARIATO APOSTÓLICO DE BLUEFIELDS
22. En primer lugar deseamos ofrecer a la consideración del Gobierno la creación de nuevos municipios en la Costa del Atlántico. Por lo general, los municipios de la RAAN y de la RAAS abarcan mucho territorio y no son muy buenos los medios de transporte. Esto dificulta grandemente los servicios básicos de los municipios. Reconocemos con satisfacción y gratitud la mejoría de carreteras en muchas zonas y la construcción de nuevos caminos de penetración. Sin embargo, es importante seguir mejorando la red vial en la Costa Caribe. Buenas vías de comunicación permiten atender mejor a la ciudadanía en el aspecto médico y pastoral.
23. Desde que en 1894 la Costa Caribe fue anexada a la República de Nicaragua ha sido una verdadera «colonia» del Pacífico. Se han extraído sus recursos naturales (oro, pesca, madera, etc.), sin haberse canalizado suficientes recursos para el beneficio del territorio atlántico y se ha establecido un sistema de tenencia de tierras (propiedad privada) que no respeta las costumbres ancestrales de los habitantes de la zona (las tierras comunales). La Ley 445 intenta salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a ser dueños de sus tierras no como individuos sino como comunidades. Más de 33,000 km2 están reconocidos como tierras indígenas, en 23 territorios de la RAAS, la RAAN, muchos terrenos de afro-caribeños al sureste de Bluefields y en el departamento de Jinotega.
24. Hace falta un proceso de “saneamiento” jurídico. De los 23 territorios antes mencionados 22 han sido titulados. Proponemos al Gobierno realizar con urgencia un censo de familias no indígenas que se han ubicado en esos territorios para conocer su situación jurídica. Si llegaron después de 1987, fecha que en Nicaragua se reconocieron las tierras comunales, la asamblea territorial debe decidir si determinada familia se queda o no. Si se quedara, debe pagar el territorio en alquiler, ya que las tierras indígenas no se venden; si la asamblea decide que se vaya, el Gobierno debe pagarle a tal familia por las mejoras hechas.
25. Los colonos que llegan a estas tierras destruyen los bosques para hacer potreros; el indígena ve el bosque como parte de su hábitat normal. Son dos cosmovisiones distintas y dos culturas distintas. Sugerimos al Gobierno que otorgue más atención a este problema por las consecuencias violentas que ha suscitado en los territorios: muertes, huelgas, secuestros, etc. Para la Iglesia se presenta un grave problema pastoral de acompañamiento, pues por una parte no queremos desatender a ninguna persona, ni colono ni indígena, ni tampoco incumplir la ley que es fundamental en un Estado de Derecho. Por eso le pedimos al Gobierno que a través del diálogo, afronte el problema del saneamiento jurídico en relación con la tierra, acompañando el proceso y preocupándose por encontrarle una solución justa que sea acatada por todos.
26. Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Gobiernos firmantes se comprometen a respetar los territorios que los indígenas utilizan tradicionalmente para la caza, la agricultura y otros usos. Desde hace siglos, los pueblos miskitos del Río Coco han usado los dos lados del río para sobrevivir. Sin embargo del lado norte de Honduras, los ganaderos han venido destruyendo la naturaleza para hacer potreros en los últimos años. Esto ha traído sufrimiento y muerte a nuestros hermanos miskitos que se ubican en la ribera nicaragüense del río. Se han producido actos violentos contra estas poblaciones de parte de ganaderos hondureños, quienes también establecen haciendas en territorios indígenas contraviniendo la ley de tierras comunales. Nos preocupa que se le otorgue tan poca importancia a los derechos de los nicaragüenses que habitan en las cercanías del Río Coco. La OIT está de acuerdo a mediar en la situación, si los dos Gobiernos, Nicaragua y Honduras, lo aceptan. Creemos que es urgente e importante que el Gobierno nacional ponga atención a esta dolorosa situación.
27. El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua afectaría directamente tres de nuestras jurisdicciones e indirectamente otras cinco en la costa del Atlántico. Hay informaciones de presencia de numerosos chinos en el Río Punta Gorda y en el Río Rama en donde van colocando mojones, buscando posibles rutas para el canal, según se dice. Como pastores estamos sumamente preocupados por esta situación y creemos que urge tener informaciones verídicas y precisas sobre este gran proyecto para prepararnos para el futuro. Todo esto afectará de forma radical la cultura, la forma de vida y de trabajo de nuestras poblaciones y de las futuras generaciones. Es urgente en relación con la posible construcción del Canal, no sólo que se de a conocer lo más pronto posible la ruta, la ubicación de las nuevas ciudades, la duración de la construcción, el modo y el precio con el que pagarían la tierra a sus legítimos y actuales dueños y un estimado del número de sus trabajadores, sus procedencias y muchos otros detalles, sino que es decisivo y urgente que se discuta el proyecto con mayor profundidad, escuchando la opinión de científicos nacionales y extranjeros expertos en la materia y armonizando los aspectos constitucionales, geológicos, técnicos y ambientales, y sopesando con serenidad los riesgos que comporta tal mega proyecto para la salvaguarda de nuestro medio ambiente y recursos naturales.
28. Deseamos también hacer presente al Gobierno de la República el serio problema de la cedulación en la zona atlántica. Para que un campesino pase una noche en un hospedaje de Río Blanco, Matagalpa, necesita su cédula. O sea que no es un documento necesario sólo en función de las elecciones. Sin embargo, muchos de los habitantes de nuestras parroquias carecen de cédulas. Este es un problema de extrema gravedad. Se estima que en Nueva Guinea hay 10,000 personas sin cédulas. Le pedimos al Gobierno que afronte este grave problema con la urgencia y la seriedad que amerita.