Las organizaciones de periodistas en Nicaragua están expresando preocupación por un reporte sobre la apertura de casos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país.
Las dificultades para informar han ido en ascenso tras la crisis política que enfrenta el país desde 2018 y se han agravado a raíz de la poca información estatal en medio de la pandemia, que ha expuesto, según denuncian los periodistas, la “censura” y la “manipulación informativa”.
Sergio Marín Cornavaca, de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), dijo a la Voz de América que los casos que han reportado se registran en el interior del país.
“Existe mucha preocupación por parte de colegas, sobre todo en los municipios del país, porque gente que son de la base del Frente Sandinista se están prestando como testigos y (por) abrir procesos para judicializar cualquier tipo de información”, explicó Cornavaca.
Según el periodista, “el gobierno tiene la estrategia de golpear y destruir a los medios de comunicación y los periodistas independientes”.
Añadió que la presión sobre los periodistas forma parte de una estrategia que también está dirigida a otros gremios, como los profesionales de la medicina, que ha denunciado en las últimas semanas despidos injustificados y presiones para no reportar los casos y muertes por COVID-19.
“Estamos iguales. Todos los gremios aquí que osen hacer su trabajo con dignidad, simplemente el gobierno los criminaliza y los arrincona desde todos los puntos de vista”, señaló Cornavaca.
Todo esto, “desde el punto de vista económico, desde la judicialización y desde el punto de vista del hostigamiento que hacen con los paramilitares o, en nuestro caso particular, donde están prestándose algunas personas del frente sandinista a ser denunciadores, sin asidero legal”, añadió.
Uno de estos casos fue denunciado por William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en el norte del país, quien es acusado de “injurias y calumnias” por supuestamente asegurar que un ciudadano falleció de COVID-19, aunque el reportero, con más de 22 años de experiencia, asegura que se trata de una información fabricada con la intención de perjudicar su trabajo.
“Incluso hay periodistas oficialistas que se prestan a hacer los montajes. Lo que ellos quieren es callarnos, que no se hable de COVID-19, que no se mencionen nombres, que no se diga nada, que no salgan a la luz los muertos”, dijo Aragón.
“La verdad que yo nunca he mencionado nada. A la familia la están utilizando”, recalcó el reportero, cuya vinculación con el caso únicamente está basada en que su nombre es mencionado en una llamada telefónica.