LA JORNADA

Informe: crimen organizado “esclavizó” a niños y adolescentes en Venezuela

Investigadores recabaron historias de menores de edad “involucrados” con una megabanda que operaba en una zona popular de Caracas y revelan que el “principal anzuelo” fue la “oferta de ingresos semanales en dólares”

Crimen organizado "esclavizó" a niños y adolescentes en Venezuela
Panel de Cecodap expone resultados de un informe sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado en Venezuela. Foto Carolina Alcalde, VOA.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado en Venezuela constituye una forma de “esclavitud moderna bajo la trata de personas”, advierte un informe de Cecodap, una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

“Lo que nosotros logramos identificar es una práctica de reclutamiento a través de la captación, asimetrías de poder, engaños y, en función a eso, configuran los elementos de la trata de personas, una forma de esclavitud contemporánea. En estas comunidades podemos afirmar que hay esa forma de esclavitud”, dijo Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

La investigación llevada a cabo entre octubre y diciembre de 2021, documentó las dinámicas de reclutamiento de la megabanda criminal liderada por Carlos Revette, alias “el Coqui” que, hasta su desmantelamiento en julio del año pasado, causó terror en la Cota 905, El Cementerio y La Vega, zonas populares aledañas del oeste de Caracas.

Trapani insistió en que las causas que motivaron la formación de megabandas persiste e incluso “se han agravado”, y subrayó que el hecho de que estén desarticuladas no significa que el fenómeno haya desaparecido.

El informe destaca que “la inseguridad alimentaria, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar” y, en general, “la situación de precariedad socioeconómica que viven” son las principales causas del reclutamiento de niños y adolescentes.

“Hay que entender que hay un tema estructural que hace que estos fenómenos se materialicen y hasta tanto no se aborde lo estructural, los riesgos de reclutamiento van a estar presentes”, insistió Trapani durante la presentación de la investigación.

Edgar López, miembro del equipo investigador, detalló que Cecodap identificó “una suerte de escalafón criminal”, integrado por los cargos que ocupaban niños, niñas y adolescentes en la megabanda.

“Existen grados crecientes de vinculación de niños, niñas y adolescentes con las megabandas y mientras más se sumergen en la organización, más riesgos corren, mientras más se ascendía en ese escalafón, más cerca estabas de la muerte”, reveló.

Vanessa Moreno, coordinadora de comunicaciones de Cecodap, insistió en la necesidad de visibilizar el problema que, según le relató una fuente del Estado, “no solo pasa en Caracas, pasa en todo el país”.

Entre las recomendaciones, Trapani destacó la importancia de la implementación de “políticas públicas sociales básicas” que permitan que los ciudadanos puedan vivir con dignidad, así como políticas de protección especial.

“Datos, estadísticas, registros que nos permitan identificar la magnitud y el alcance de este problema concreto. Un fortalecimiento institucional, un sistema de protección que proteja y que no solo se active para la atención, sino que evite la vulneración”, puntualizó.

La investigación expone que el “Estado venezolano no ha atendido en forma integral ni suficiente las causas estructurales del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado” y, en ese sentido, considera “impostergable corregir las deficiencias del sistema de protección”.

En febrero, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que líderes de grupos delictivos desmantelados, a través de una ONG registrada en Colombia, reclutaban a jóvenes y recibían armas por parte del gobierno del presidente Iván Duque y miembros de la oposición venezolana.

En 2013, sectores del gobierno promovieron las denominadas “Zonas de Paz”, un programa que despejaba ciertas áreas de la presencia de funcionarios policiales y/o militares en ejercicio de sus funciones que, según expertos, terminó “fomentando y fortaleciendo” a las bandas criminales.

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