Los expertos advierten de “continuismo” y signos de “autoritarismo” en la designación de los máximos juristas en Venezuela
Los diputados del chavismo eligieron el martes a los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para los próximos 12 años, sin procurar consensos ni negociaciones al respecto con la oposición mayoritaria al gobierno de Nicolás Maduro.
El oficialismo, que controla más de 90% de las curules de la Asamblea Nacional electa en 2020, escogió a los máximos jueces de Venezuela tras diferir el punto por un mes, entre críticas de sus detractores y de expertos en derecho sobre la inconstitucionalidad de las designaciones en el poder judicial.
Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo hasta la votación del martes, repite como magistrado. Destaca, asimismo, Tania D’Amelio, exdiputada del chavismo y exrectora del Consejo Nacional Electoral, sancionada por Estados Unidos por su activismo a favor de una Asamblea Nacional Constituyente que la oposición valoró como fraudulenta.
Según la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, 12 magistrados del período anterior repiten, esencialmente en las salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral. Es el 60% de los 20 juristas seleccionados.
Entre los reelegidos en sus funciones están Calixto Ortega, exparlamentario del chavismo, y Edgar Gadivia, cuñado de la primera dama del país, Cilia Flores.
Un exrector del CNE asociado con la oposición, Luis Emilio Rondón, quedó también seleccionado. El parlamento votó por Gladys Requena, legisladora del chavismo, como inspectora general de Tribunales, y por Guillermo Blanco, exmagistrado, como director de la Escuela de la Magistratura.
Los magistrados juraron enseguida ante el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficialista para las negociaciones de México, Jorge Rodríguez. Ejercerán sus cargos durante los próximos 12 años.
Acceso a la Justicia recordó que la Constitución venezolana prohíbe expresamente que una misma persona funja como magistrado por más de 12 años, lo que ocurrirá con la mayoría de los seleccionados este martes. Sus voceros advirtieron a la prensa sobre el “continuismo” en el poder judicial.
“El poder político mantiene su control sobre el TSJ”, advirtieron. El chavismo, por el contrario, se mostró exultante con la designación. Giuseppe Alessandrello, presidente del comité de postulaciones judiciales, del partido de gobierno, lo calificó como “un acto trascendental en la vida política” del país.
Claro retroceso
Se preveía que la elección de los máximos juristas del país formara parte de acuerdos políticos en la mesa de negociación instalada en Ciudad de México en agosto de 2021, pero el chavismo se retiró de ese proceso en octubre pasado.
La opositora Plataforma Unitaria consideraba que una reforma judicial debía ser parte de consensos y recomendó reiteradamente al oficialismo que suspendiera la designación de nuevos magistrados, lo que no ocurrió.
Lo votado en la Asamblea Nacional significa “un claro retroceso” en el proceso de revisión de condiciones institucionales de Venezuela, del que formaron parte la renovación del poder electoral y la realización de elecciones municipales y regionales, a finales del año pasado, según el politólogo Jesús Castellano.
“Es contrario a un real intento de negociación con la oposición. Tiene que ser visto como una expresión de ejercicio autoritario, donde prácticamente todos tienen clara parcialidad política y no cumplen con los requisitos de ley”, como el tiempo de sus mandatos o sus experiencias profesionales en el derecho, indica.
La selección del martes es “un triunfo” del sector más radical del oficialismo venezolano, si bien se trata de “una decisión calculada”, advierte. A su entender, la oposición exhibe hoy “falta de consenso” y ello le impide alcanzar acuerdos.
“No hay, hasta el momento, un norte común y, lo que es más grave, no pareciera existir el ánimo de construirlo”, comentó Castellano a la Voz de América.
La oposición denuncia desde 2020 que el chavismo sobornó a un grupo de dirigentes políticos para que pactaran con el gobierno nacional, dando ilusión de pluralidad democrática mientras atacan a sus principales detractores.
Maquillaje y reacomodo
Pedro Urruchurtu, politólogo y coordinador de asuntos internacionales del partido opositor Vente Venezuela, califica de “fachada” y “maquillaje” la selección de nuevos magistrados por parte del Parlamento electo en 2020.
Recuerda que la oposición considera como ilegítima e ilegal a esa Asamblea Nacional que este martes votó por la presunta renovación del sistema judicial. Opina que lo ocurrido esta semana es “un reacomodo y reparto de poderes” entre dirigentes del chavismo y de una oposición que, para él, no es tal.
“El Tribunal Supremo de Justicia no es un brazo de justicia, sino un sostén de impunidad. Siguen siendo los mismos verdugos, hoy con cómplices que se disfrazaban de oposición”, señaló, antes de afirmar que esta decisión hace flaco favor a la esperada reinstitucionalización del poder judicial en Venezuela.
Castellano, por su parte, subraya que el chavismo sí intentó sumar consensos, pero con una parte minoritaria de la oposición, que suele criticar a la llamada Plataforma Unitaria y, especialmente, a quien 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
“Los intentos del régimen de mostrar amplitud con representantes de una oposición a la medida, no le dieron frutos en ese entonces y sostengo que tampoco lo hará ahora”, concluyó el analista en conversación con la VOA.