Los manifestantes no lograron el lunes su cometido de entregar un documento en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, porque centenares de policías los dispersaron con gases lacrimógenos cuando intentaban marchar hacia el centro de Caracas.
Los policías, con equipos antimotines, formaron un gran cordón para bloquearle el paso a los miles de opositores que con carteles en los que se leía “Ninguna Constituyente, elecciones ya”.
Los marchantes buscaban entregar el petitorio al presidente de la comisión presidencial del proceso constituyente y ministro de Educación, Elías Jaua.
La marcha había partido desde 11 puntos de la capital Caracas, la cual fue tomada en varios sectores por centenares de guardias nacionales y policías. Una treintena de estaciones del metro fueron cerradas por seguridad.
Desde que se iniciaron las protestas hace casi un mes y medio los cuerpos de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios.
“Los venezolanos no podemos aceptar que pretendan hacer una constitución para los intereses de la narco corrupta cúpula madurista y no del país”, afirmó el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles en su cuenta de Twitter.
La coalición opositora sostiene que la Asamblea Constituyente debió ser convocada luego de una consulta popular, tal como prevé la constitución, y no por iniciativa de Maduro.
La oposición señala al presidente de utilizar el proceso para retrasar cualquier elección y asegurar la supervivencia del gobierno, cuya popularidad se ha visto golpeada por la crisis económica que azota al país sudamericano.
Al defender la iniciativa, Jaua afirmó que el mandatario busca abrir un “espacio político para un gran debate para la paz” y acusó a la oposición de promover una “rebelión violenta” y de negarse a atender el llamado al diálogo del gobierno.
En una entrevista con el canal privado Televen el ministro dijo que la postura de la oposición coloca al país en una “peligrosa situación, entre una delgada línea entre la guerra y la paz”.
La iniciativa de Maduro para reformar la constitución ha generado fisuras incluso en el oficialismo. El diputado Eustoquio Contreras dijo que aunque respeta la convocatoria “no la compartimos políticamente”.
Contreras indicó en una entrevista con el portal de internet El Pitazo, que no estaba de acuerdo con que se cambie la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez.
Planteó que el oficialismo corre el “riesgo innecesario” de perder la consulta electoral del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió en los comicios legislativos de 2015 cuando el Congreso quedó en manos de la oposición.
Las protestas que se iniciaron a fines de marzo han dejado al menos 38 muertos, más de 700 heridos y centenares de detenidos.
La coalición opositora y algunas organizaciones humanitarias acusaron a las autoridades de violar la ley al pasar a varias decenas de detenidos civiles a la justicia militar y amenazaron con llevar los casos a instancias internacionales.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo a The Associated Press que 67 civiles fueron presentados en las últimas horas en los tribunales militares de los estados de Carabobo, Zulia y Falcón donde se les dictó medida de arresto y fueron imputados del delito de “instigación a la rebelión”.
La legislación venezolana establece que los civiles deben ser juzgados por tribunales civiles.