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Guatemala: inicia juicio a expresidente Otto Pérez Molina

El exmandatario junto a otros exfuncionarias de su gobierno son acusados de formar una organización criminal que defraudó al Estado por varios millones de dólares

Guatemala: inicia juicio a expresidente Otto Pérez Molina
En esta foto de archivo del 28 de marzo de 2016, el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, centro, habla con periodistas después de asistir a una audiencia, en un tribunal de Ciudad de Guatemala.

Casi siete años después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentaron el lunes a un tribunal que les juzgará por acusaciones de corrupción por una millonaria defraudación aduanera.

En una sala de audiencia abarrotada y con poco distanciamiento a pesar de la pandemia, un tribunal inició el debate oral y público contra 28 personas —entre políticos, exfuncionarios y particulares— acusadas de formar una organización criminal que defraudó al Estado por varios millones de dólares.

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Tras la denuncia en 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval —hoy exiliado en Estados Unidos debido a sus investigaciones— y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), determinaron la existencia de una mega estructura, a la que llamaron “la Línea” que defraudaba en las aduanas del país y que supuestamente lideraban Pérez Molina y Baldetti.

Tras la acusaciones los funcionarios renunciaron al cargo y fueron detenidos. Entre los delitos que enfrentan están: asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho.

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Durante la audiencia la ex vicepresidenta pidió al tribunal no estar en las audiencias y asistir a éstas de forma virtual por temor a contagiarse de coronavirus.

Según la investigación de la fiscalía, a través de escuchas telefónicas, análisis financieros, testimonios y pruebas documentales se determinó cómo operaba la estructura que presuntamente sobrevaloraba la mercadería que ingresaba a los puertos del país para definir los sobornos a los integrantes de la organización. Los productos entonces no pagaban los respectivos impuestos.

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