Un plan discutido por la actual administración estadounidense podría excluir a posibles inmigrantes con necesidad de asistencia pública y deportar cuando sea posible a quienes ya dependen de ese bienestar, divulgó hoy The Washington Post.
Según el diario, el Gobierno analiza el borrador de una orden ejecutiva en la cual se mencionan algunas vías para cumplir la promesa de detener lo que el presidente Donald Trump calificó durante su campaña como abusos de los programas de servicios sociales.
La propuesta de directiva retrata a los inmigrantes como un drenaje en las contribuciones de los estadounidenses y se dirige a las entidades federales para abordar la cuestión de varias maneras.
De ese modo, la orden pediría a las agencias gubernamentales identificar y excluir a inmigrantes potenciales que probablemente necesiten ciertos tipos de ayuda pública y deportaría a algunos que ya están en el país y dependen de ese tipo de servicios.
También llamaría a los funcionarios a determinar cuánto podría ahorrar el gobierno federal si los inmigrantes se limitaran a obtener solo los beneficios públicos que son elegibles para recibir, indicó el periódico en su versión digital.
La medida ordenaría asimismo exigir reembolsos a personas que dentro de Estados Unidos hicieron promesas legales de apoyar a parientes provenientes de otras naciones.
Sin embargo, la publicación alertó sobre los problemas de aplicar ese tipo de directrices, pues recordó que el fenómeno de la inmigración es complejo, el estatus de ciudadanía puede cambiar y, en muchos hogares, los estadounidenses y los inmigrantes legales e ilegales viven juntos.
En esos casos, los derechos y beneficios disponibles para ellos son difíciles de cuantificar o calificar como ayuda a los extranjeros.
A decir del Post, una ley estadounidense de larga data dificulta que los no ciudadanos reciban la mayoría de las formas de asistencia pública, como los pagos en efectivo.
Por otra parte, los expertos en derecho de inmigración y los programas de asistencia pública del país sostienen que hay pocos datos para apoyar la afirmación de Trump de que los inmigrantes recurren desproporcionadamente a la ayuda pública.
Al mismo tiempo, el periódico señala que un mínimo de 5,1 millones de niños que viven en territorio norteamericano tienen al menos un padre que es inmigrante no autorizado, y más del 70 por ciento de estos esos infantes también son ciudadanos elegibles para beneficios sociales.
Las noticias sobre el borrador de esta orden comienzan a circular después de que el viernes pasado el mandatario firmara un documento que impide temporalmente la entrada de refugiados y de ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana, una decisión que continúa generando críticas dentro y fuera de Estados Unidos.