El Gobierno interino de Juan Guaidó denuncia que el Estado venezolano ha asesinado al menos a 1.000 reos en las cárceles desde 2011
MARACAIBO, VENEZUELA — Observadores de derechos humanos y dirigentes de la Iglesia católica en Venezuela describen como “una masacre” los asesinatos de al menos 47 detenidos, ocurridos el pasado 1 de mayo en una cárcel del interior del país, por disparos presuntamente realizados por custodios civiles y militares.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en un comunicado que funcionarios del Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, a 400 kilómetros de Caracas, balearon a un grupo de internos que les reclamó por la retención de alimentos entregados minutos antes por sus familiares.
Los reos, siempre según la oenegé, recibieron “disparos contra su humanidad” cuando se acercaron al área administrativa de la cárcel para reprochar que militares de la Guardia Nacional Bolivariana se quedaran con porciones de sus comidas.
Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, declaró al periódico Últimas Noticias que el hecho ocurrió tras un intento de fuga masiva.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, que confirmó 47 fallecidos y 75 heridos, rechazó que una presunta “fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos” haya originado los ataques.
“Sí, fue una masacre”, afirma Carolina Girón, directora del Observatorio. En entrevista con la Voz de América, insiste en que los disparos contra la población carcelaria fueron “indiscriminados”.
El Centro Penitenciario de Los Llanos, destaca, puede albergar hasta 750 reos y, al momento de la refriega del viernes, había 2.500 detenidos en sus instalaciones. La mitad de ellos, dice, no ha recibido sentencia firme por los delitos de los que se les acusan, debido a retardos procesales.
Expresa asombro por “el silencio de las autoridades” ante lo ocurrido. El ministro del Interior del gabinete madurista, Néstor Reverol, denunció el domingo la frustración del ingreso al país, por vía marítima, de un grupo de “mercenarios” que buscaba atentar contra miembros del Gobierno en disputa.
Pero el funcionario no habló sobre los asesinatos en la cárcel del estado Portuguesa. Tampoco lo hizo el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
“Es un Estado responsable y ausente”, comenta Girón.
“Hay hambre”
La protesta del viernes en el presidio, estima Girón, se exacerbó por la retención de una porción de los alimentos enviados por los familiares en un contexto de semanas de prohibición de visitas de familiares.
“Hay hambre en las cárceles venezolanas. Depende (el recluso) de que su familiar le lleve ropa, artículos de limpieza, comida, y te encuentras en un país donde hay declarada una cuarentena. No implementaron un protocolo para la atención de estas personas, les prohíben visitas, no hay agua, no llegan alimentos, se le suma ahora a esto (del robo o retención de comida)”, expone.
Al menos 52 de las 75 personas heridas están recluidas en el Hospital Doctor Miguel Oraá, de Guanare, y el resto regresó al penal por solo presentar heridas leves, reportó el Observatorio.
Girón reclama que los cuerpos de seguridad y representantes de los asuntos penitenciarios de parte del Ejecutivo en disputa de Venezuela han tardado en elaborar una lista precisa de los fallecidos.
“No saben ni cómo se llaman los que están ahí, ni quiénes viven allí en la cárcel”, dice.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó el mismo viernes su preocupación por los hechos violentos acontecidos en la prisión de Guanare.
“Llamamos al Gobierno a investigar, resolver el hacinamiento y garantizar derechos básicos”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.