Un nuevo puerto proyectado en la vertiente del Pacífico del Canal de Panamá desató polémicas entre empresarios, autoridades y pobladores, y el cuestionamiento hoy es si beneficiará al país o al sector privado.
‘Corozal solo traerá beneficio a la naviera que se gane el proyecto. Le harán un dragado gratis y una forma de que su carga de trasbordo pague menos. No habrá beneficio para la población porque no traerá carga nueva. Esas líneas que están participando para Corozal son las que ya vienen a Panamá’, aseveró el experto local Alejandro Kouruklis.
Deberían estar muy atentos a las señales de la economía del mundo antes de embarcarse en un proyecto tan importante, aseveró tras el análisis de la fuerza de la crisis económica del mundo marítimo, ejemplificado en la reciente quiebra de Hanjin Shipping, el mayor armador de Corea del Sur, según sus declaraciones al diario La Estrella.
Kouruklis, quien administró la rada panameña de Balboa y la terminal de Cruceros de Barcelona, en España, se opone a que de las arcas estatales se destinen 100 millones de dólares para el dragado que requiere el proyecto, que será operado por una empresa privada durante veinte años.
Al ofrecer sus opiniones del por qué las presiones para el enclave, el analista aseguró que las navieras, las cuales están compitiendo en la licitación, necesitan otra rada para evitar pagar a un operador portuario externo, y así reducir costos.
Eso les conviene a los armadores, ‘pero al país no le traería nueva carga, no le traería siquiera nuevos empleos; mi predicción es que hasta se perderían empleos’, sentenció.
Desde el gremio empresarial piensan distinto, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (Cciap), Jorge García Icaza, escribió recientemente:
‘Diversificar los negocios en torno al Canal de Panamá es imperativo para incrementar su rentabilidad y competir con otros centros logísticos de la región, como Colombia, Cuba y Jamaica, que han hecho inversiones importantes para avanzar a pasos agigantados y dejar rezagado a nuestro conglomerado’.
Invitó a un debate nacional sobre el tema de Corozal, ‘un debate de altura, sin influencias políticas, en el que el gran ganador será el país’, al tiempo que defendió que el ejecutor del proyecto impulsado por la Autoridad del Canal (ACP), reciba beneficios fiscales en igualdad de condiciones a los actuales concesionarios.
En medio de las discusiones técnico-mercantiles, los vecinos del área aledaña y ambientalistas, también se oponen a la obra porque la consideran violatoria de nueve artículos de la Constitución de la República, entre ellos los que protegen la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y otros relacionados con la creación de la ACP.
También sostienen que devastaría la zona de manglar y bosques en la ribera Este de la ruta fluvial, y presentaron un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución de apertura del proceso de licitación para la concesión del proyecto.