LA JORNADA

El 88% de los presos políticos en Venezuela aguarda condena, denuncia ONG

Foro Penal asegura que el proceso penal no puede ser usado como un castigo. Su último informe registra más de 300 personas consideradas presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal denunció este lunes que a un 74% de los considerados presos políticos en Venezuela no se les ha abierto juicio y que un 88% no han sido condenados.

“Son llevados a un tribunal, no son culpables todavía, no han sido condenados, y los mantienen por años presos sin ser condenados”, explicó en rueda de prensa Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.

Romero aseguró que el país tiene actualmente 323 presos políticos, de los cuales 123 son militares y 200 civiles. Las cifras de presos políticos del Foro Penal son certificadas por la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El abogado explicó que “al 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio (…). Solo al 20% de los presos políticos se les ha abierto juicio y un 6% (…) ha admitido hechos”.

Además, un 88% de los considerados presos políticos en Venezuela no han sido condenados, detalló Romero. Solo un 7% sí lo ha sido y un 5% ha admitido los hechos.

La organización también detalló que la mayoría (56%) tiene ya más de un año preso. Hay casos, explicaron, en que llevan hasta seis años esperando juicio. “Hay otros casos (…) donde las personas han sido condenadas, han cumplido su condena, y no han sido liberadas”, agregó Romero.

Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la organización, enfatizó que, de acuerdo a las leyes venezolanas, salvo casos muy puntuales, la detención preventiva no puede prolongarse por más de dos años.

“El proceso [penal] sirve para determinar la verdad, para determinar si una persona es culpable o inocente de un delito que se le imputa, pero en sí mismo no puede ser tenido como un castigo”, afirmó Himiob.

En agosto del año pasado, el presidente del Gobierno en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un decreto por el que concedió el indulto a 110 personas, entre ellas, presos políticos y parlamentarios opositores detenidos, en el exilio o en la clandestinidad. No fue la primera de las excarcelaciones de este tipo.

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