Abogados quedan expuestos a sanciones del Poder Judicial si no investigan a clientes, alerta experto

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Reforma a la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero obligará a abogados y contadores a investigar a sus clientes

200 años de salir adelante con optimismo

El régimen sandinista intenta que a través de una reforma a la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, los abogados y notarios públicos reporten a empresas y personas naturales, sin embargo el presidente del Colegio de Abogados en Formación, Luis Perezalonso, afirma que al ocurrir esta acción ellos pasarían a tener un papel de inquisidores.

Como abogados “quedamos expuestos a ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) injustamente” si los expertos en leyes no investigan de donde consigue el dinero una persona o empresa para sus gastos, afirmó Perezalonso

En la propuesta sandinista se ordena a que los abogados y notarios públicos estarán obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones que sean sancionadas dentro de la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero.

Los reportes los presentarán ante la CSJ, sin embargo la propuesta de reforma no establece los mecanismos para realizarlo.

Se calcula que son treinta mil abogados en el país, pero solo unos cinco mil ejercerían como litigantes.

Perezalonso dijo que lo viable es que la Asamblea Nacional haga la aprobación de la Ley del Colegio de Abogados para que sea donde de forma independiente se realicen las directrices con la UAF y el resto de acciones con esos profesionales.

“Esa ley violenta el principio del derecho a la defensa porque cuando violentás la relación cliente y abogado llevás las cosas al punto de que no hay capacidad de una persona que aún cometiendo un delito tiene derecho a la defensa de conseguir una asesoría profesional, que le garantice el debido proceso”, dijo.

Núñez manifestó que un Estado no puede intentar combatir el crimen organizado vulnerando los derechos constitucionales de sus ciudadanos, pero afirma que el objetivo del gobierno es ampliar sus mecanismos de control e intimidación contra los ciudadanos.

“Se violentan cosas muy básicas en nombre de la seguridad y el combate del crimen organizado porque esta reforma a la Ley contra el terrorismo es absurdo. En la parte política con la calidad de funcionarios que tenemos, en la UAF especialmente actúan con intereses políticos marcados en defensa a los intereses orteguistas”, dijo Núñez.