Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
CIUDAD DE MÉXICO – El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos por delitos que le imputa el gobierno de ese país, a través de su Departamento de Justicia.
Este miércoles, el fiscal federal Jay Clayton para el Distrito Sur de Nueva York, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra el gobernador y nueve funcionarios de su círculo político.
“Los acusados son todos funcionarios actuales o anteriores de alto rango del gobierno y de las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, explicó la Fiscalía y detalló que se les acusa de cargos de conspiración para importar narcóticos a EU, conspiración para la poseer de armas de alto poder y dispositivos destructivos, y posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos.
De acuerdo con la Fiscalía, por esos cargos, el gobernador podría ser condenado a cadena perpetua con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, de ser declarado culpable.
Los demás acusados enfrentarían la misma pena, excepto, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien podría ser sentenciado obligatoriamente a cadena perpetua.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, figura entre los acusados en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que advierte que podría enfrentar cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.
La acusación fue dada a conocer por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el director de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole. Ambos informaron que el proceso también involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado.
Según la Fiscalía, los implicados enfrentan cargos por conspiración para introducir drogas a Estados Unidos, así como por delitos relacionados con la posesión y uso de armas de alto poder y dispositivos destructivos. Estas imputaciones contemplan penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cazarez; el alcalde sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; así como varios exfuncionarios de seguridad y administración estatal.
La lista incluye también a Gerardo Mérida Sánchez, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, entre otros.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, exmando de la Policía Municipal de Culiacán, las autoridades estadounidenses indicaron que enfrenta una posible condena obligatoria de cadena perpetua.
El proceso se encuentra en una etapa inicial y se prevé que genere repercusiones tanto en el ámbito judicial como político, dada la relevancia de los funcionarios involucrados.
