Esta Ley dice que imposibilitará juzgar a los responsables de violar los derechos humanos en Nicaragua
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar muy inquieta por la aprobación en Nicaragua de una Ley de Amnistía que imposibilitaría el procesamiento de las personas potencialmente responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que iniciaron el 18 de abril de 2018
Recordó que, tanto el seguimiento conducido por su Oficina como por los mecanismo regionales, mostraron las graves violaciones cometidas contra las garantías fundamentales que comenzaron en abril del año pasado.
“En particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades”, sentenció.
Bachelet indicó que las protestas han provocado mas de 300 fallecimientos, 2000 heridos, la encarcelación de centenares de opositores gubernamentales y el procesamiento de 700 personas.
La Alta Comisionada añadió que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.
Basándose en la información que dispone, hasta el momento solo se ha sentenciado a un agente armado progubernamental y no se ha abierto ninguna investigación a los integrantes de las fuerzas del orden relacionados con las mencionadas denuncias de los derechos fundamentales.
“Las amnistías por graves violaciones de los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Crean impunidad, lo que puede conducir a nuevas violaciones”, enfatizó. Además, resaltó que “pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad”.
Del mismo modo, pidió la liberación y el sobreseimiento de las causas penales de las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas o por manifestar opiniones disidentes.
La Ley es muy preocupante, dice Bachelet
Bachelet también mostró su preocupación por la aprobación el pasado 29 de mayo de la Ley sobre Atención Integral a Víctimas. La adopción de la norma se efectuó en menos de 48 horas y sin previa consulta con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.
En opinión de la Alta Comisionada, la ley no sienta las medidas de reparación adecuadas y proporcionadas, en particular las indemnizaciones y las garantías de no repetición.
“Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. También se les debe garantizar que un uso excesivo de la fuerza similar al ocurrido no se pueda repetir y que se respetarán sus derechos fundamentales a las libertades de expresión y reunión pacífica. Se necesita un proceso inclusivo de diálogo para abordar las demandas de la gente y trazar el camino a seguir “, dijo Bachelet.