El presidente Juan Orlando Hernández ha dicho en una serie de mensajes de Twitter que los testigos en Nueva York buscan aligerar sus sentencias inventando mentiras en su contra
Un narcotraficante hondureño convicto y exlíder de un cártel testificó en un tribunal federal de Estados Unidos el jueves que pagó al ahora presidente Juan Orlando Hernández 250.000 dólares por protección contra el arresto en 2012.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de los Cachiros, declaró que hizo el pago en efectivo a través de una de las hermanas de Hernández, Hilda Hernández, a cambio “de protección para que la policía militar y la policía preventiva no nos capturaran en Honduras”.
Dijo que también pagó para que no lo extraditaran a Estados Unidos y para que el gobierno favoreciera a las empresas utilizadas por los Cachiros para lavar dinero. Rivera Maradiaga ha admitido estar involucrado en 78 asesinatos.
En el momento del presunto soborno, Juan Orlando Hernández era líder del Congreso de Honduras, pero había comenzado a hacer campaña para la presidencia, que ganó en 2013. Asumió el cargo en enero siguiente. Hilda Hernández, quien luego sirvió en su administración, murió en un accidente de helicóptero en 2017.
La acusación llegó en el tercer día de testimonio en el juicio del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales estadounidenses han dejado en claro que las acusaciones contra el presidente Hernández surgirían durante el juicio, aunque no ha sido acusado.
Fuentes Ramírez fue arrestado en marzo de 2020 en Florida. Está acusado de tráfico de drogas y posesión de armas.
Hernández ha negado con vehemencia cualquier conexión con los narcotraficantes. Uno de sus hermanos, Juan Antonio Hernández, fue condenado por tráfico de drogas en el mismo juzgado en 2019.
Durante ese juicio, el presidente fue acusado de aceptar más de 1 millón de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los fiscales estadounidenses han alegado que gran parte del ascenso político de Hernández fue financiado por narcotraficantes que pagaron para que se les permitiera transportar drogas a través de Honduras sin interferencia.
En enero, fiscales federales de Estados Unidos presentaron mociones en el caso de Fuentes Ramírez diciendo que Hernández aceptó sobornos de narcotraficantes y que las fuerzas armadas del país protegieron un laboratorio de cocaína y envíos a Estados Unidos.
Los documentos citan a Hernández, identificado como co-conspirador 4, diciendo que quería “‘meter las drogas en las narices de los gringos’ inundando los Estados Unidos con cocaína”.
Esta semana, Hernández ha dicho en una serie de mensajes de Twitter que los testigos en Nueva York buscan aligerar sus sentencias inventando mentiras en su contra.
Se espera que el gobierno de Hernández reciba un trato más cauteloso por parte del gobierno del presidente Joe Biden que el que recibió del expresidente Donald Trump. El miércoles, Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, quien ahora es la coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, dijo que ninguno de los 4 mil millones de dólares que Biden quiere enviar para ayudar al desarrollo en las naciones del Triángulo Norte de América Central iría a los presidentes de esos tres países.
El mes pasado, los senadores demócratas presentaron un proyecto de ley pidiendo a Biden que imponga sanciones a Hernández y “determine si es un narcotraficante especialmente designado”.
El proyecto de ley pide la suspensión de la ayuda de seguridad a Honduras, busca prohibir la exportación de artículos como gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma para las fuerzas de seguridad hondureñas y pide a Estados Unidos que se oponga a los préstamos a esas fuerzas de los bancos multilaterales de desarrollo.
El senador estadounidense Patrick Leahy, dijo en un comunicado el jueves que la democracia en Centroamérica enfrenta una “amenaza existencial”. De Honduras, dijo, “la corrupción impregna los niveles más altos del gobierno, los activistas de la sociedad civil están siendo atacados y el sistema de justicia es cómplice de perpetuar la anarquía y la impunidad”.
Rivera Maradiaga testificó el jueves que también había sobornado al ex presidente Juan Manuel Zelaya con 500,000 dólares en 2006 y al actual vicepresidente Ricardo Álvarez también con 500,000 dólares en 2012.