CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

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El reportaje publicado por una revista digital en El Salvador tiene prohibida su difusión por orden de un juzgado, por considerar que desnuda el sufrimiento de las víctimas y facilita su identidad. CPJ y el medio consideran «es censura»
Un experto forense arroja cal sobre el equipo de protección desechado utilizado donde las autoridades están excavando un cementerio clandestino descubierto en la casa de un ex policía y que contiene hasta 40 cadáveres, El Salvador, 20 de mayo. 2021.
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“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo” exigió el Comité para la Protección de los Periodista (CPJ por sus siglas en inglés), el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El organismo considera que el tema es de “interés público», de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación realizada en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las «víctimas indirectas» del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso».

La orden emitida por el Tribunal también señala que ésta «no debe entenderse como una prohibición o censura del medio de comunicación».

El editor en jefe de Revista Factum, César Fagoaga, dijo al CPJ en una entrevista que el medio ya cumplió con la orden ante la preocupación de “enfrentar cargos penales”, y que ven en ella “un intento de censurar su trabajo, ya que el artículo no revela información personal sobre las víctimas, pero contradice el cronograma de las autoridades para los asesinatos”.

Esta no es la primera vez que El Salvador es señalado por un organismo nacional o internacional sobre retroceso que está viviendo la libertad de prensa en ese país.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para todo el plantel de periodistas del periódico salvadoreño digital El Faro, tras considerar que se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos» por amenazas recibidas por su labor.

El presidente Nayib Bukele, en el pasado, ha negado que no haya libertad de prensa en el país, pese a sus afirmaciones se comprometió “a garantizar la libertad de expresión al máximo al 100 por ciento, y garantizar la libertad de prensa al máximo al 100 por ciento, pero ojo, esa es la libertad que tenemos todos”, citó el mandatario.