A un año de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la política hacia Nicaragua cobra fuerza en la medida que los acontecimientos en Managua apuntan al agravamiento de la crisis tras reelección de Daniel Ortega
La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca despertó numerosas incógnitas en Managua. Su antecesor, Donald Trump, había pronunciado críticos discursos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un funcionario de alto rango incluso denominó a estos países como “la troika de la tiranía”.
El republicano Trump impuso sanciones a más de 20 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos.
Analistas consultados por la Voz de América advertían que el nuevo Gobierno demócrata sería testigo de una reelección de Ortega, por lo que el papel de Biden sería fundamental y puesto a prueba en la política exterior.
Ortega, por su parte, se mostraba conciliador con la nueva administración demócrata y en un discurso a inicios de 2021, pidió a Biden abiertamente “trabajar con una política de respeto y entendimiento”.
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Sin embargo, cinco meses después de haber tomado posesión, Biden impuso las primeras sanciones al Gobierno de Nicaragua, en respuesta al encarcelamiento de varios aspirantes a la presidencia y activistas durante la campaña electoral para las elecciones de noviembre de 2021, donde Ortega se impuso para un nuevo mandato.
En la primera ronda de sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. fue incluida Camila Ortega, hija de Daniel Ortega, e importantes funcionarios de su gobierno.
En julio, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a más de un centenar de miembros de la Asamblea Nacional y del sistema judicial de Nicaragua por ser “responsables o cómplices en el socavamiento de la democracia” en el país centroamericano.
El secretario de Estado, Antony Blinken, citó como motivos el encarcelamiento masivo de opositores y una serie de leyes que calificó de “represivas”, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros.
Más tarde, en agosto, fueron sancionados 50 familiares inmediatos de diputados de la Asamblea Nacional, así como de jueces y fiscales. Blinken hizo mención especial al encarcelamiento de Berenice Quezada, candidata a vicepresidenta del ahora desaparecido partido Ciudadanos por la Libertad.
Efecto de las sanciones
Tiziano Breda, analista del International Crisis Group, una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico, explicó a la VOA : “En Centroamérica en general, ha crecido un sentimiento de resistencia frente a lo que puedan ser demandas, presiones externas”.
“Esto ha hecho que los propósitos de abordar temas como la corrupción, como el retroceso democrático en Centroamérica haya encontrado, haya precisamente aumentado las tensiones entre Washington (y estos países”. Y este es el reto principal que tiene la administración Biden”, afirmó el experto.
Emily Mendrala, Subsecretaria Adjunta para asuntos del hemisferio occidental, dijo manifestó recientemente a la VOA algunos retos del gobierno de Biden respecto a la nación centroamericana.
“Nos preocupa mucho lo que esta pasando en Nicaragua, nos preocupa mucho que muchos de los nicaragüenses, tiene que huir de su país”, dijo.
Tono de Biden más bajo que la administración anterior
Pese a las sanciones, Ortega prosiguió su camino a la reelección del 7 de noviembre de 2021.
Expertos nicaragüenses dijeron a la VOA que, aunque las medidas en el primer año de gobierno de Biden mantienen la presión contra Managua para encauzar hacia la democracia al país, el tono ha sido más bajo que en los años de Trump.
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“En términos generales, Biden ha seguido el mismo tipo de políticas hacia América Latina, que es el tema de concentrarse en no permitir que se siga deteriorando la democracia para detener la inmigración hacia Estados Unidos, pero ha mantenido un tono más bajo con relación a la administración anterior”, dijo el exdiputado Eliseo Núñez.
El político considera que Washington ha estado muy preocupado por el tema migratorio y esto lo han identificado los enemigos de Estados Unidos.
“Lo ha identificado Rusia, lo ha identificado Irán y otros países. Ya vimos en Bielorrusia cómo se utilizó la migración como un arma geopolítica y Ortega está haciendo lo mismo”, opinó.
Núñez señala que la lógica de Ortega es que Estados Unidos le admita cualquier tipo de gobierno si le garantiza temas migratorios, temas de tráfico de armas, terrorismo y temas de tráfico de drogas.
“Si esas tres cosas Ortega garantiza que las combate, entonces cree que puede llegar a una negociación con Estados Unidos donde a los americanos no les importe nada de lo que él esté haciendo”, considera Núñez.
Desde Washington, en contraste, expertos consultados por la VOA, consideran que el gobierno de Biden ha hablado con más fuerza en contra Ortega y ha facilitado la coordinación internacional de sanciones a su gobierno.
“No vimos mucho en el gobierno Trump hacia Nicaragua (…) el gobierno Biden ha venido con una posición muy firme en la necesidad de promover la democracia y los derechos humanos en la región”, dijo a la VOA Maureen Meyer, experta de la organización en defensa de los derechos WOLA.
Tras concretarse las elecciones donde Ortega se impuso como el ganador, Biden sancionó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, el 10 de noviembre.
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Esta ley estableció una serie de instrucciones para que Estados Unidos utilice medios diplomáticos para presionar al gobierno de Nicaragua a que celebre elecciones libres, que van desde sanciones individuales a mecanismos de vigilancia anticorrupción e incluso la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Estados Unidos.
Maureen ve esta ley como un “paso importante” por parte del gobierno Biden en usar la influencia que tiene para intentar crear un camino hacia “unas elecciones democráticas en Nicaragua”.
Cynthia Arnson, experta rectora del programa para Latinoamérica del centro de pensamiento Wilson Center, matiza que aunque Biden haya incrementado las sanciones hacia Nicaragua, “las herramientas que tiene EE. UU. para hacer frente a Ortega son limitadas”.
El 16 de noviembre Washington prohibió la entrada a Estados Unidos de Daniel Ortega y a todos los miembros de su gobierno, incluidos funcionarios, miembros de seguridad y de la policía.
El opositor Eliseo Núñez considera que esa ha sido la medida más fuerte que ha tomado la administración Biden contra el gobierno de Ortega.
Por su parte Héctor Mairena, miembro del movimiento izquierdista Unamos, fundado por disidentes sandinistas, dijo que Biden ha mantenido una actitud consecuente con los derechos humanos en Nicaragua y su política de desplazar al régimen de Ortega.
“Se ha mantenido una política de sanciones individuales a funcionarios del régimen de Ortega”, dijo Mairena.
En tanto, el oficialismo dice no tener “sorpresas” con las medidas de Estados Unidos.
El diputado oficialista Wilfredo Navarro señaló a la VOA que, aunque haya un cambio de gobierno en Washington, el establishment se mantiene, a su juicio, para “agredir a naciones soberanas”.
Ortega, por su parte, ha arreciado su discurso contra Estados Unidos y buscado nuevos aliados, como China e Irán, mientras fortalece las relaciones con Cuba y Rusia.
Con reporte adicional de Celia Mendoza