Ortega castiga con cárcel a quienes critiquen su gobierno en redes sociales

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Unas 10 personas han sido acusadas con la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua, algunos por publicar en las redes sociales mensajes críticos al gobierno de Daniel Ortega

Yoel Ibarra y Samantha Jirón son dos de al menos 10 opositores que han sido acusados con la Ley de Ciberdelitos
En la foto el fundador de Mentes Libres Yoel Ibarra y Samantha Jirón.
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Yoel Ibarra y Samantha Jirón son dos de al menos 10 opositores que han sido acusados con la Ley de Ciberdelitos. El activista nicaragüense Yoel Ibarra fue detenido el 5 de noviembre, a solo dos días de la celebración de las elecciones donde Daniel Ortega se impuso en un nuevo mandato.

Sus últimas publicaciones en las redes sociales antes de su detención fueron demandas para la celebración de elecciones libres y transparentes en Nicaragua y los perfiles de los seis candidatos opositores arrestados durante el proceso electoral.

La página de Facebook Mentes Libres, fundada por Ibarra, describía a los los candidatos opositores detenidos por el gobierno de Ortega, pero de un momento a otro, Ibarra corría la misma suerte que los candidatos: la cárcel.

Días después también fue detenida la joven opositora Samantha Jirón, quien igual que Ibarra desarrollaba activismo digital.

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“Libertad para Yoel Ibarra. Fue secuestrado al salir del gimnasio”, decían las publicaciones en las redes sociales de Mentes Libres, que quedaron en manos de sus colegas activistas.

Tanto Ibarra como Jirón son dos de al menos 10 opositores que han sido acusados con la Ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia en Nicaragua el 30 de diciembre de 2020.

Dicha legislación ha sido descrita por activistas de derechos humanos y periodistas como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque pretende frenar las críticas a Ortega en las redes sociales, así como las publicaciones de la prensa.

El gobierno de Ortega ha defendido la Ley Especial de Ciberdelitos y, tras su aprobación, los diputados oficialistas dijeron que con ella se les “iba a terminar el negocio a los mentirosos que difunden noticias falsas en las redes sociales”.

Yamilet Ibarra, madre del activista de Mentes Libres, dijo que “ahora expresarse y pensar diferente es un delito grave».

«Es un delito increíblemente parecido al terrorismo, porque así les dicen. Imagínese usted cómo estamos”, dijo a la Voz de América.

El único delito de su hijo “fue haber soñado con una Nicaragua justa, una Nicaragua democrática”, dijo, “esas palabras que ahora son un crimen”.

Tras ser detenido, Ibarra recibió acusaciones de estar financiado por Estados Unidos o por la oposición. Su madre lo niega.

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“Él creó la página de Facebook y era el administrador de ella, pero a él no le financiaba nadie. Una página usted sabe que cualquiera la puede hacer. Pero el impacto de su manera de pensar, de que fuera un muchacho así firme con su criterio propio, les molestó», dijo la madre. «Lo seguía mucha gente, inclusive ahora que está secuestrado desde el 5 de noviembre, siguen publicando en esas páginas”, insistió la madre del joven de 25 años.

El abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que a un año de haber entrado en vigencia dicha Ley, se lograron concretar “los alcances perniciosos” para la cual fue creada.

Indica que no solo activistas fueron puestos en la mira, sino periodistas que fueron amenazados con ser detenidos por “divulgar noticias falsas”, como reza uno de los artículos de la ley.

“¿Qué impactos observamos? Un periodismo independiente y medios de comunicación bajo ataque en mayor intensidad, criminalización, cárcel, acusaciones y procesos arbitrarios e inconstitucionales”, dijo Arce.

Agregó que en el proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, miembros del Ministerio Público amenazaron a los periodistas con aplicarles la Ley de Ciberdelitos.

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De igual forma, han sido acusados bajo esa ley ambientalistas y defensores de derechos humanos, como el abogado Amaru Ruiz, a quien la Fiscalía le imputó el delito de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, después que denunciara asesinatos de indígenas.

Arce señala que con dicha Ley, el oficialismo “pretende silenciar a la sociedad para que no siga resistiendo y denunciando los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente”.

El gobierno estadounidense ha dicho que las acciones tomadas contra la Fundación Chamorro y el arresto de periodistas en Nicaragua son “casos alarmantes del alejamiento de la democracia” en ese país.