Por Raomir Manzanarez, coordinador de los Jóvenes Ambientalistas
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, presidida por la Diputada Arling Alonso Gómez, definió este 25 enero su Plan de Trabajo 2017, donde se refleja que entre los temas a dar seguimientos se encuentra el proyecto de Ley: “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos”, aprobado en lo general en el 2014, durante plenario de la Asamblea Nacional.
Se puede observar que las perspectivas para el nuevo período legislativo en materia de Medio Ambiente, se destacan temas como Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fortalece la antigua dimensión del desarrollo sostenible: Económico, Social y Ambiental. Esto implica que la Asamblea Nacional deberá ajustar de alguna manera su Agenda Legislativa y mantener lo consolidado en el periodo pasado.
Si bien los 17 ODS son transversales entre sí, se reconoce que para el tema ambiental una gran mayoría está relacionado de manera directa (Cambio Climático, Agua y Saneamiento, Biodiversidad, entre otros), esto indica la importancia de establecer las prioridades en cada uno de estos temas, que pueden resultar en Reformas, Adiciones o nuevas iniciativas de legislación.
En la cuenta de las perspectivas, no podemos olvidar que el Foro de Presidentes y Presidentas de poderes legislativos de Centroamérica y el Caribe (FOPREL), envió dos propuestas de Ley marco, que deben ser sometidas a consideración en este nuevo período legislativo, como lo son: Ley marco sobre Cambio Climático y Ley marco sobre Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento.
Además, la Asamblea Nacional debe dar los primeros pasos para el seguimiento a la aplicación de su “Política Ambiental de la Asamblea Nacional”, la cual tiene como objetivo principal ser un Parlamento amigable con el Medio Ambiente.
Asimismo, tanto el tema de Residuos, Cambio Climático, Agua y Saneamiento, puesto en la agenda parlamentaria registran avances importantes en la agenda de la nación, y seguro trabajado bajo el modelo de construcción de políticas participativas, donde los ciudadanos y la familia son elementos protagónicos en la toma de decisiones, planificación y gestión públicas; y con la estrategia de alianza del gobierno con el sector empresarial y de los trabajadores que, bajo el diálogo y el consenso, confiamos que se dará respuestas a los problemas ambientales fundamentales del país.