La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresa su alarma ante la creciente represión en Nicaragua y advierte que la creciente criminalización de la disidencia promueve la inestabilidad política y social en el país.
En los últimos seis meses, el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha arrestado a cientos de opositores políticos y activistas, supuestamente para acosarlos y evitar que sus opiniones sean escuchadas.
La oficina de derechos humanos de la ONU dice que los arrestados y recluidos en prisión preventiva durante largos períodos supuestamente tuvieron un papel destacado en las protestas contra el gobierno del año pasado entre abril y julio.
La Alta Comisionada de los Estados Unidos para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, advirtió que estas tácticas duras están minando gravemente los esfuerzos propuestos para resolver el creciente malestar político y social en Nicaragua.
El portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville, dijo que los veredictos de culpabilidad y las condenas extremadamente duras se han transmitido a varios líderes prominentes de la oposición y la comunidad desde diciembre. Dijo que algunos de estos líderes habían cooperado con la ONU y habían llamado la atención sobre una serie de abusos contra los derechos humanos en Nicaragua.
“La Alta Comisionada está profundamente preocupada por la aparente falta de debido proceso y el aumento de la criminalización de la disidencia en Nicaragua. El arresto y encarcelamiento de los líderes de la oposición, dice ella, posiblemente en algunos casos podría ser una represalia por cooperar con la ONU y es evidente que “obstaculiza la creación de un entorno propicio para mantener un diálogo genuino e inclusivo, que el gobierno dice que quiere”, dijo el portavoz.