“Fui abusada, ellos tomaban fotos y vídeos de mí y los enviaban a través de Internet”, contó Keisha, una niña de apenas 13 años que fue víctima de este delito.
Desde la pandemia de covid-19, Filipinas se ha convertido en el principal foco de explotación sexual e infantil por Internet. Delincuentes, en su mayoría occidentales, pagan por ver violaciones transmitidas en directo, muchas veces cometidas por familiares de los niños.
La pobreza extrema y el fácil acceso a Internet intensifican el problema, mientras el anonimato digital y la falta de cooperación internacional complican las investigaciones. Nuestro corresponsal Alex Piñón nos lo cuenta desde el terreno.
Las nuevas tecnologías han puesto en una situación aún más vulnerable a estos pequeños, muchos de los cuales permanecen en refugios después de vivir en contextos violentos. En la nación asiática, la explotación sexual infantil a través de Internet es un problema que va en aumento, ya que entre 2019 y 2023 la incidencia se mutiplicó por seis, pasando de 426.000 a 2,7 millones de casos.
Se trata de un crimen que afecta principalmente a niñas. Los perpetradores cuentan con los suficientes recursos para pagar a los denominados facilitadores, ya sea de manera directa o a través de un intermediario.
“Fui abusada, ellos tomaban fotos y vídeos de mí y los enviaban a través de Internet”, relata Keisha, una niña de apenas 13 años que fue expuesta sexualmente y abusada por sus cuidadores adoptivos. “Espero que nadie más sea explotado como lo hicieron conmigo”, añade la pequeña, que vive en un refugio de la organización PREDA tras el arresto de sus agresores en 2021.
Vulnerabilidad económica
Aunque las víctimas sufren vulnerabilidad económica, a veces se trata de familias con ingresos medios, puesto que Internet es de fácil acceso y no hay control sobre lo que ven o con quién interactúan en la web.
Los retos de las autoridades pasan no solo por rescatar a las víctimas, sino por emplear la cooperación a nivel internacional para castigar a los responsables.
“Ellos necesitan pruebas y las víctimas que la Policía filipina sea más activa, más profesional, para que se considere esto un delito muy grave contra los niños”, comenta Shay Cullen, fundador de la organización PREDA. “Lamentablemente, la aplicación de la Ley en Filipinas no tiene mucho éxito”, admite.
Se han identificado a decenas de perpetradores de Países Bajos, EE.UU., Canadá y Australia, gracias a la colaboración internacional. La Policía de Filipinas asegura que numerosos autores han sido detenidos y condenados por este delito en el extranjero.
Además de los esfuerzos de rescate y rehabilitación, las autoridades filipinas hacen frente a otro reto: desarrollar herramientas para combatir los materiales de abuso infantil generados con inteligencia artificial que ya están afectando a otras naciones.