La Fiscalía General de Bolivia citó al expresidente boliviano Evo Morales a una declaración por su presunta relación con un caso de trata y tráfico de menores.
LA PAZ, BOLIVIA — El expresidente boliviano Evo Morales fue convocado a declarar ante un equipo de fiscales que lo investiga por su presunto vínculo con un caso de trata y tráfico de menores que ha sacudido el clima político en el país andino.
El Fiscal General Juan Lanchipa dijo el lunes en una breve declaración a la prensa que el político de 65 años deberá prestar declaración el próximo jueves.
“Vamos interponer acciones legales” para evitar que Morales declare, “ya en 2020 se estableció que en este caso no hay denunciantes ni víctimas y fue cerrado”, dijo el abogado y exministro de Morales, Carlos Romero.
Según Romero, hay otras cinco investigaciones que supuestamente el “gobierno ha accionado” en contra de Morales.
La semana pasada Lanchipa había destituido por errores de procedimiento en la investigación a la fiscal Sandra Gutiérrez después de que ésta ordenó la detención de Morales.
La fiscal acusó a Lanchipa de pretender favorecer a Morales, de quien el actual Fiscal General fue alto funcionario cuando el político gobernó entre 2006 y 2019. Un juez falló el domingo a favor de Gutiérrez y dejó sin efecto la exoneración de la fiscal.
Gutiérrez investigaba el caso de una menor que en 2016, cuando tenía 15 años, supuestamente tuvo una hija con Morales, quien en ese momento era presidente. Los padres de la adolescente habrían consentido la relación a cambio de prebendas, según las investigaciones preliminares de la fiscalía.
La denuncia no es nueva pero hasta ahora no había prosperado por la presunta injerencia del poder político en la justicia, de acuerdo con denuncias de organizaciones civiles y de opositores. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado en varios informes la falta de independencia de la justicia boliviana.
El caso ha profundizado la disputa entre Morales y el actual presidente Luis Arce por el control del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y la candidatura presidencial para las elecciones de 2025.
Morales acusó a Arce de promover los procesos penales en su contra con el fin de inhabilitarlo como candidato. Arce, por su parte, señaló a su mentor de promover protestas sociales para forzar un acortamiento de su mandato.
Para la oposición el escándalo es aprovechado por el gobierno para desviar el foco de la opinión pública de la crisis económica que vive el país, con un encarecimiento del costo de vida que a su vez está recalentando el malestar social, dijo el diputado opositor Carlos Alarcón.
Arce también afronta críticas por su gestión frente a los graves incendios forestales que han consumido cerca de siete millones de hectáreas de pastizales y bosques primarios.
La fiscalía cerró por falta de pruebas otra investigación a Morales por el presunto fraude electoral denunciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los comicios de 2019, cuando buscaba un tercer mandato, lo que desencadenó un estallido social que dejó 37 muertos.
Según analistas, si el caso de trata de menores prospera podría poner fin a la carrera pública de Morales, quien saltó a la política en los años noventa como líder de los cocaleros para convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia.