Una fragata de guerra.
El Departamento de Guerra de EE.UU. está lanzando una nueva fuerza de tarea conjunta antinarcóticos en la zona de responsabilidad del Comando Sur, precisamente cuando ha atacado varias lanchas en el mar Caribe que supuestamente transportaban drogas a su país.
Por medio de su cuenta oficial en X, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó este viernes que la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, es “aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EE.UU.”.
“El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”, afirmó Hegseth.
Por su parte, el Comando Sur precisó que la nueva fuerza de tarea conjunta contribuirá para “interceptar envíos ilegales de narcóticos antes de que lleguen a los EE.UU. y territorios de países socios utilizando aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.
También puntualizó que les permitirá “ampliar la fusión de inteligencia en tiempo real entre las Fuerzas Armadas de EE.UU., las fuerzas de seguridad federales y las agencias de los países socios”.
“Este es principalmente un esfuerzo marítimo, y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interdicciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito, defender el Estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables aquí en el país”, dijo el teniente general, Calvert Worth, el oficial designado para comandar la nueva fuerza.
En paralelo, el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, denunció que “Venezuela está bajo una presión sin precedentes y la amenaza de una intervención militar desde hace varios meses, y la situación se agudiza cada día”.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad, el diplomático aseguró que el contingente militar total, cerca de las costas venezolanas, supera los 4.000 efectivos. “¿Qué es esto, preparativos para una invasión?”, interrogó, al tiempo que instó a EE.UU. a no cometer un “error irreparable”.
En agosto, medios internacionales reseñaron del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un “cártel de narcotráfico”.
Hasta el momento, Washington afirma haber bombardeado cinco embarcaciones en el Caribe, que han dejado al menos 21 víctimas mortales. En la región, Colombia ha tildado estas muertes de “asesinatos”. Del mismo modo, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado que “las personas no deben morir por usar, vender o consumir drogas”.
Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques, como la Celac y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.
Maduro sostiene que su país es una presa de “una guerra multiforme” orquestada desde EE.UU. con vistas a propiciar un “cambio de régimen”.
