El Ejército de El Salvador deberá permitir la inspección judicial de los archivos en investigación de la masacre El Mozote en 1981, en la que murieron unos 1.000 campesinos en una zona rural en el nororiente del país.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema del país resolvió el martes que la inspección de archivos militares no representa peligro para la seguridad nacional, después de que efectivos militares impidieron por segunda vez el acceso a los archivos de la masacre. El Ejército ya había impedido el acceso a los archivos a finales de septiembre.
Está pendiente aún que se cumpla esta diligencia, por parte del Ministerio de la Defensa de El Salvador.
El juez identificó sedes militares en las que, estima, hay información esencial para una investigación contra miembros del ejército que habrían participado en la masacre cometida en diciembre de 1981.
Según el abogado querellante David Morales, “no es imputada la fuerza armada, se está juzgando a personas concretas que individualmente ejerciendo con abuso su poder en aquel momento, consumaron y llevaron adelante el crimen”.
La parte acusadora dice que los gobiernos de turno han ocultado elementos probatorios y la cadena de mando no ha permitido el acceso a la justicia en el crimen masivo.
El vicepresidente Félix Ulloa defiende la posición del actual gobierno que encabeza el mandatario Nayib Bukele: “La petición es que se entreguen los archivos del Mozote (lugar donde ocurrió la masacre) y el presidente ha dicho lo que ha encontrado se lo vamos a entregar y enseñó la caja de lo que había”.
La fuerza armada de El Salvador se ha considerado como una de las instituciones que mejor se acopló cumplimiento del acuerdo de Paz que firmó el país en 1992, pero, profesionales de derecho procesal dicen que, en casos concretos de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, sus miembros deben ser sometidos al imperio de la ley.