La presión de la comunidad internacional parece aumentar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega
MANAGUA, NICARAGUA. — Un día después que la Unión Europea emitiera sanciones contra seis funcionarios nicaragüenses a quienes se acusa de violaciones a los derechos humanos, el Reino Unido se sumó a las medidas contra las mismas personas.
A través de comunicado divulgado este 5 de mayo, el Reino Unido anunció la aplicación de sanciones contra los seis funcionarios que incluyen a una exministra de salud, un asesor presidencial y cuatro comisionados generales de la Policía Nacional del país centroamericano.
Los sancionados son Sonia Castro, Néstor Moncada, Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez y Justo Pastor Urbina.
Todos ellos están también en una lista de sancionados por Estados Unidos por su participación en las protestas antigubernamentales en Nicaragua durante el 2018 que dejaron como saldo más de 300 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La resolución de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido, indica a empresarios de sus estados miembro que deben cortar relaciones financieras con los funcionarios sancionados.
El exdiplomático Mauricio Díaz señaló a la Voz de América que el gobierno de Nicaragua, administrado por el presidente Daniel Ortega, ha convertido el país en un “paria internacional”.
“Cualquier país serio estaría preocupado por este cúmulo de sanciones”, señaló Díaz.
Por su parte el gobierno de Daniel Ortega ha rechazado las sanciones internacionales y las ha catalogado como injerencistas y violatorias a los derechos humanos.
Consultado por la VOA, Cairo Amador, miembro de la oficialista Comisión de la Verdad, señaló que las sanciones de la Unión Europea y de Reino Unido son parte de un alineamiento hacia la política estadounidense y aseveró que nunca se investigaron a los funcionarios a quienes se acusa de violaciones a los derechos humanos durante el 2018.
Desde que estallaron las protestas en Nicaragua han sido sancionados al menos 14 funcionarios por Estados Unidos. Posteriormente se sumó la Unión Europea y luego el Reino Unido.