MANAGUA.— Bloqueados por el gobierno los materiales de impresión, los dos principales diarios de Nicaragua denuncian un ataque del presidente Daniel Ortega contra la libertad de expresión e información, pero se resisten a desaparecer.
“Vamos a seguir (publicando) porque tenemos un papel (en bodega); no sé cuánto va a durar pero lo vamos a estirar”, dijo a la AFP el presidente del Grupo Editorial La Prensa, Jaime Chamorro.
A través de la agencia aduanera, el gobierno retiene desde hace cinco meses la importación de materiales como papel, planchas, gomas, reveladores y otros insumos para la impresión de La Prensa y El Nuevo Diario, los únicos diarios de circulación nacional.
Algunos efectos de la medida son notorios, como el cierre de otras publicaciones de un mismo grupo editorial, reducción del número de páginas, suspensión de la circulación los fines de semana y reducción de personal.
“Hemos hecho ajustes desagradables, pero necesarios”, reconoció el jefe de La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, con 92 años de historia. El grupo también publica el diario “Hoy”, de corte popular, la revista Magazine y Domingo.
De 84 años, Chamorro estimó que insumos por un valor de 200.000 dólares siguen retenidos por las autoridades aduaneras, incluso pese al pago de impuestos -aunque por ley deben ser exonerados- y a una resolución favorable del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA).
“Entonces definitivamente lo que quieren es que La Prensa no siga publicándose”, se lamentó.
En tanto, el grupo editorial de El Nuevo Diario, con 40 años, también hizo ajustes para resistir el mayor tiempo posible al bloqueo de materiales, como reducir de 24 a 16 páginas y dejar de circular el periódico impreso los fines de semana.
Entre otras medidas que tomó para extender las existencias de papel cerró a finales de diciembre el periódico Q’Hubo, de corte popular, y redujo el número de páginas de diario Metro, una publicación que se distribuye de forma gratuita.
Tanto La Prensa como El Nuevo Diario apuestan por continuar a través de sus sitios web, aunque reconocen que hay limitaciones, como la resistencia de lectores acostumbrados a leer en papel y la baja conectividad a internet, inexistente en las zonas rurales.
Golpe a la libertad de expresión
Para Chamorro, la libertad de prensa en un país significa no solo que haya un periódico o una televisora, sino que haya “variedad de medios de comunicación” a los que el ciudadano puede optar para informarse.
Y cree que la acción de las autoridades aduaneras contra los periódicos forma parte de la política del gobierno contra los medios de comunicación independientes que se ha intensificado tras el estallido de las protestas opositoras el 18 de abril.
“La Prensa no es la primera vez que pasa una situación semejante”, señaló, recordando que durante la dictadura de los Somoza (1934-1979) la cerraron dos años, estuvo bajo censura, las instalaciones fueron incendiadas y mataron al director del diario, Pedro Joaquín Chamorro (1978), su hermano.
Los medios televisivos no presentan una mejor situación.
La mayoría de canales están bajo el control del gobierno y “el único (independiente) que quedaba lo cerraron”, dijo Chamorro en alusión al canal de cable 100% Noticias, cuyo propietario, Miguel Mora, y la jefa de prensa, Lucía Pineda, están presos acusados de “incitar al odio” y de “terrorismo”.
Para el jefe de información de El Nuevo Diario, Douglas Carcache, las restricciones para la impresión de los medios escritos son una forma de “limitar la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la información”.
Y comparó la táctica con la que usó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para provocar el cierre de los periódicos que le eran críticos, como El Nacional, fuera de circulación por la falta de papel, el acoso político y la crisis económica. “Es un bloqueo brutal al derecho como empresa a funcionar”, se quejó Carcache.
Los encargados de los puestos de venta y los voceadores de los semáforos comentan que tienen menos periódicos para vender.
“La gente viene y compra el periódico y cuando no hay preguntan qué pasó, pero nosotros no sabemos por qué nos entregan menos (ejemplares)”, reconoció un vendedor con un puesto en una parada de autobuses.
Pero ninguna de las dos empresas ha mencionado una reducción en su tirada.
El eventual cierre de los dos diarios afectaría de forma indirecta a unas 600 personas, entre agentes, voceadores y distribuidores.