El gobernador Ron DeSantis firmó un paquete de proyectos de ley que incluyen la pena de muerte obligatoria en su estado para los indocumentados que sean condenados por asesinato, violación de menores o tráfico de estupefacientes.
El gobernador del estado de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis, firmó el jueves un paquete de proyectos de ley que endurecen las penas para los inmigrantes irregulares, siguiendo la senda marcada por el presidente Donald Trump desde que asumiera su segundo mandato el mes pasado.
Sin embargo, la medidas que impulsa DeSantis van un paso más allá y algunas de ellas han sido calificadas como claramente inconstitucionales. La más polémica de ellas, el proyecto de ley SB 4C, establece la sentencia de muerte obligatoria para los inmigrantes indocumentados que sean condenados por delitos capitales.
En Florida se consideran delitos capitales el asesinato en primer grado, la violación de niños menores de 12 años y algunos relacionados con el narcotráfico, entre otros.
La norma limitará el margen de decisión del juez o jurado, que no podrá juzgar de manera individualizada cada caso, de manera que no podrá tener en cuenta agravantes o atenuantes. El proyecto SB 4C también extiende la pena de muerte a los inmigrantes irregulares que sean miembros de bandas criminales.
Además, las nuevas reglas convierten el ingreso en el estado sin el preceptivo estatus legal en un delito en sí mismo, contemplando una pena de cárcel de nueve meses, y una condena mínima de cinco años de prisión para quienes regresen a Florida después de haber recibido la orden de abandonar el territorio.
Debate en el Partido Republicano
Las medidas fueron fruto de un acuerdo entre DeSantis y sus correligionarios de formación, después de semanas de asperezas entre distintas partes en el seno del Partido Republicano.
Fuera del paquete aprobado se han quedado algunas disposiciones que impulsaba el gobernador, como las restricciones al envío de remesas por parte de inmigrantes irregulares o la obligación para las empresas de menos de 25 trabajadores de verificar el estatus legal de sus empleados, según detalla la prensa local.
Los proyectos contaron con el apoyo de los parlamentarios republicanos, que tienen mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, y con la oposición de los demócratas, que tildaron muchas de las normas de inconstitucionales por discriminar a las personas por su estatus legal.
“El proyecto de ley que firmé hoy garantiza que Florida establecerá el estándar para la acción estatal para poner fin a la inmigración ilegal y deportar a los extranjeros ilegales”, escribió el jueves DeSantis en una publicación en la red social donde anunciaba las nuevas medidas. “Florida cuenta actualmente con las leyes más estrictas de todos los estados para combatir la inmigración ilegal”, añadió.