El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, de 55 años, se jubiló sorpresivamente a partir de este lunes en medio del escándalo por la leve sanción dispuesta a cuatro magistrados, incluido él, por una controversial decisión vinculada al caso del cementazo chino, confirmaron fuentes oficiales del Poder Judicial.
La jubilación rige a partir de este lunes, ratificó Sandra Castro, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
Por años de servicio, Chinchilla tiene derecho a la jubilación, amplió Castro.
Chinchilla, quien asumió en mayo de 2017, se retira tras verse envuelto en la polémica de una desestimación dictada desde la Sala III Penal, en el caso de los exdiputado Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales Zapata, independiente, por supuesto tráfico de influencias en relación con el empresario Juan Carlos Bolaños, protagonista clave del escándalo del cemento chino.
La semana anterior, Corte Plena, en decisión dividida, recomendó amonestar por falta grave, y no suspender por falta gravísima, a los magistrados Chinchilla, Jesús Ramírez, Doris Arias y María Elena Gómez Cortés de la Sala III Penal.
Este lunes la Corte Plena dio marcha atrás y sancionó con dos meses de suspensión sin goce de salarios a los cuatro magistrados.
El magistrado Román Solís investigó el proceder de sus colegas magistrados en dicho caso. “Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió Solís en el informe que remitió a Corte Plena.
El miércoles anterior, 10 de los 22 magistrados se inclinaron por una amonestación escrita, la sanción más baja en el Poder Judicial.
La leve sanción a los magistrados generó críticas en el seno del Poder Judicial y una ola de repudio en redes sociales.
La Asociación Nacional de Investigadores en Criminología cuestionó la decisión adoptada por los magistrados.
Este lunes trascendió la salida de Chinchilla, con una vasta trayectoria en el ámbito penal.
La magistrada Carmenmaría Escoto asume la presidencia interina de la Corte.
La jubilación de Chinchilla se conoce, casi dos meses en que se acogió a su pensión el magistrado Ernesto Jinesta, entonces presidente de la Sala Constitucional, de 52 años, un férreo defensor del sistema de pensiones judiciales.
En 2016, Jinesta Lobo generó controversia pública tras trascender una fuerte crítica suya a quienes adversaban el régimen de pensiones del Poder Judicial.
“Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya”, advirtió el magistrado Jinesta, en sesión de Corte Plena el 20 de junio de 2016, según informó La Nación el 28 de octubre de 2016.
“Tengan la plena seguridad que si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional -no digo que las otras materias no sean importantes- incluso hasta cobros judiciales, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta que el país se paraliza total y absolutamente”, advirtió Jinesta en aquel momento.
Año convulso para la Corte
El magistrado Chinchilla deja la Corte tras un año y dos meses de gestión en medio de un convulso ambiente por críticas de la opinión al cuestionado sistema de pensiones del Poder Judicial.
Chinchilla sustituyó a Zarela Villanueva quien se jubiló con una pensión de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, el 11 de mayo de 2017.
Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento– “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.
Según dicho diario, el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montó inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.
A mitad de julio del año anterior estalló una huelga en el Poder Judicial, movimiento con el que el frente sindical judicial presionó contra cualquier reforma a su cuestionado régimen de pensiones.
En la Asamblea Legislativa se tramitó una profunda reforma a dicho régimen que lo equipare con el resto de regímenes de pensiones públicos.
“Estamos pasando tiempos difíciles para el Poder Judicial”, admitió Chinchilla el 22 de mayo del año anterior tras ser electo presidente de la Corte.
“No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones, no. Creemos que es necesario modificarlo”, reconoció Chinchilla ante los medios luego de ser electo presidente de la Corte, en votación secreta.
Fuente: PuroPeriodismo.com
“No estamos opuestos a que se revise. No estamos opuestos a que se hagan cambios”, insistió Chinchilla Sandí con más de 30 años en el sector judicial, presidente hasta ahora de la Sala de Casación Penal.