MADRID (Xinhua) — La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, admitió investigar la querella de la Fiscalía del Estado español contra el ex presidente de la Generalitat (gobierno regional catalán), Carles Puigdemont, y 13 ex consejeros de su Ejecutivo por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
En una resolución judicial, Lamela se declaró competente para investigar la querella de la Fiscalía, y llamó a los ex representantes del gobierno catalán a declarar el próximo jueves 2 y viernes 3 de noviembre a las 9:00 hora local.
Lamela señaló que en la querella del fiscal se exponen de manera “seria, racional y lógica” los indicios que llevarían a Puigdemont a ser acusado del delito de rebelión, “que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.
En su resolución, la jueza también otorgó a los acusados un plazo de tres días para abonar una fianza conjunta de 6,2 millones de euros, la cual, en caso de no ser cumplida, ocasionaría que se embargaran los bienes de los ex representantes del gobierno catalán.
Lamela explicó que Puigdemont y los ex miembros de su gabinete declararán como investigados a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los querellados.
La magistrada también ordenó incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlamento de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Ejecutivo catalán en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
En la resolución, Lamela explicó que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una “república catalana independiente” de España, una conducta encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.
La jueza también recordó que la fase inicial de admisión de una querella no constituye un acto de imputación judicial, y que no representa perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas para los delitos imputados.
Se trata “de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella, puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada”, enfatizó Lamela.
Por su parte, el ex presidente del gobierno regional de Cataluña, quien brindó en Bruselas, Bélgica, una rueda de prensa, dijo que permanecerá en la capital comunitaria hasta que se le den “garantías” de que tendrá un proceso justo en España.