El reporte confirma lo que por más de un año han repetido los opositores y los especialistas de la salud
El más reciente informe publicado por la organización Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos revela que en el contexto de la pandemia del COVID-19 la crisis de derechos fundamentales que vive Nicaragua se agravó debido a la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria.
Las autoridades, implementaron “inadecuados procesos de prevención y control de la pandemia” y atentaron contra la situación de los activistas políticos y las personas percibidas como opositoras que permanecen detenidas en el “precario, masificado e insalubre sistema penitenciario de Nicaragua”, indicó AI.
El reporte confirma lo que por más de un año han repetido especialistas de la salud, quienes de forma independiente se organizaron para darle seguimiento al avance del COVID–19, informar a la población, promover medidas responsables y pedir al gobierno que cumpliera con las normas internacionales.
El doctor José Antonio Vásquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, afirmó: “(El informe) es una radiografía de la realidad que ha vivido el pueblo de Nicaragua”.
“Es decir, en Nicaragua no hay ningún respeto de los derechos humanos y además de eso la pandemia ha servido y ha sido utilizada por el gobierno para aumentar el sufrimiento, y de una y otra manera la ha utilizado como un factor represivo contra la población y algunos sectores sociales”, añadió.
Vásquez recordó los despidos del personal de salud y el silencio que mantiene el estado sobre la demanda de los médicos de ser incluidos prioritariamente en el proceso de vacunación.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional también revela que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo el 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir a la disidencia, periodistas y organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, Karla Sequeria, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos señaló: “(Es) básicamente lo que el pueblo nicaragüense y la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado desde el año 2018 y efectivamente existe un incremento en la represión y la impunidad y efectivamente el estado de Nicaragua tampoco ha hecho nada para mitigar la pandemia del coronavirus”.
En tanto, Wendy Flores, abogada y defensora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó a la Voz de América que reconocen que el gobierno de Nicaragua ha duplicado su estrategia de represión escalando la presión sobre los líderes opositores especialmente en un año electoral, donde se han impedido todas las actividades de promoción política que no sean celebradas por el Frente Sandinista.
El informe además apunta a que existen “temores bien fundados” de que las leyes que recientemente aprobó el Congreso de Nicaragua sean utilizadas contra personas que denuncian las políticas represivas del gobierno.
El tridente de leyes incluyen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la reforma constitucional que impone la cadena perpetua por “crímenes de odio”, ordenadas por el gobierno en la Asamblea Nacional.
Organizaciones, abogados y opositores alegan que esas leyes no son más que un castigo que se aplicará contra quienes se atrevan a expresarse en contra del gobierno, siendo herramienta para allanar el camino a la continuidad del poder del presidente Daniel Ortega.