El Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió ayer miércoles expresando su “profunda preocupación” por la crisis en Venezuela, basándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
A través de un comunicado el organismo le pidió al Gobierno de Maduro, suspender la Constituyente, argumentando: “que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”.
La declaración la suscribieron los gobiernos de Panamá, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.
Previo al encuentro, el Gobierno de Cuba rechazó ser parte de una presunta mediación para encontrar una salida al conflicto en Venezuela y reiteró su apoyo a Maduro, a quien considera un aliado ideológico.
El documento firmado por 13 países de la OEA insiste en la “importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno y la oposición”.
Los países además hicieron un llamado urgente al “respeto absoluto de los derechos humanos y del orden constitucional, incluyendo la separación de poderes y en este sentido condenamos el ataque a la Asamblea Nacional y otros actos de violencia”.
Más temprano, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el Magistrado Venezolano Alejandro Rebolledo, con el que según informó a través de su cuenta de Twitter, dialogó sobre los desafíos para recobrar la institucionalidad y Estado de Derecho en Venezuela y de “situación de magistrados juramentados por la Asamblea de de Venezuela y que ahora están detenidos o prófugos de represión”.
La reunión de la OEA ayer miércoles, tuvo lugar tras la petición del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al presidente del Consejo permanente del organismo, el brasilero José Luiz Machado e Costa, el mes pasado luego de la fracasada reunión con los países de la región, en Cancún, México, donde no se emitió una declaración formal para condenar al Gobierno de Maduro por su mal manejo de la crisis política y económica.
Por su parte el Gobierno de Estados Unidos, anunció la sanción a 13 funcionarios venezolanos de alto rango.
La huelga nacional
Ayer miércoles, las calles en Caracas amanecieron vacías con el comienzo del paro cívico de 48 horas convocado de la oposición.
El objetivo de la huelga, a la que se han sumado empresas y organizaciones sindicales de todo el país, es disuadir al gobierno de Nicolás Maduro de celebrar la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para este domingo 30 de julio.
Leopoldo López, líder de la oposición, difundió a través de su cuenta en Twitter un vídeo en el que apoya el paro cívico, anima a los ciudadanos a participar y pide a las Fuerzas Armadas ponerse del lado de los protestantes.
“Los invito a que no sean cómplices de la aniquilación de la República, de un fraude constitucional, de la represión”, dijo López en el primer video que publica desde que está en arresto domiciliario en su casa en Caracas.
Sin embargo, Maduro, de 54 años, cuyo mandato se prolonga hasta principios de 2019, insiste en que ésta es la única manera de empoderar al pueblo y traer paz después de cuatro meses de disturbios antigubernamentales que le han quitado la vida a más de 100 personas y afectado la economía del país.
“Quieren instalar un estado comunista en Venezuela, pero estamos cansados de volvernos más pobres y permaneceremos en la calle porque no queremos la Asamblea Constituyente”, dijo la abogada Jeny Caraballo consultada por la agencia de noticias Reuters.
La oposición, planeó manifestaciones a nivel nacional en honor a los manifestantes muertos durante la crisis.