LA JORNADA

Justicia brasileña le prohíbe a Lula salir del país por “riesgo de fuga”

Un juez federal de Brasilia dictaminó la retención del pasaporte del exmandatario

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, tiene prohibida la salida del país por “riesgo de fuga”.

Ricardo Leite, juez federal de Brasilia, ordenó la retención del pasaporte del ex mandatario, informa O Globo. La medida fue notificada a Lula en su domicilio “para evitar las limitaciones”, según figura en una comunicación oficial.

La medida ocurre luego de que Lula anunciara su precandidatura a la presidencia en Sao Paulo. Al ex presidente se le investiga por presunto cobro de coimas a una empresa suiza, con el propósito de ser favorecida en la compra de aviones caza.

La Fiscalía solicitó la retención del pasaporte de Lula bajo el argumento de que hay “riesgo de fuga” por las causas que tiene abiertas ante la justicia y la ratificación de una condena en segunda instancia que se dio esta semana en su contra.

Se declara inocente

“Saben que han condenado a un inocente”, dijo Lula después que el tribunal ratificó su condena en segunda instancia y le aumentaran la pena a 12 años, tras exponer que mientras los jueces “se pronunciaron después de tantas y tantas horas” su defensa apenas “tuvo 15 minutos” para presentar alegatos.

Para el ex mandatario, las acciones jurídicas en su contra son una estrategia para criminalizar al PT, impedir su postulación a la presidencia y “la posibilidad de que este país vuelva a ser respetado”.

La sentencia ratificada por el tribunal fue por la supuesta aceptación de un lujoso apartamento, ubicado en el Condominio Solaris en Guarujá, a cambio de privilegiar a una empresa en contratos con la estatal Petrobras. Sin embargo, durante el proceso judicial no se logró identificar a Lula como propietario ni cuál fue el acto de omisión que dio paso al delito de “corrupción pasiva”.

El dictamen técnicamente inhabilita al ex mandatario para presentarse en los comicios presidenciales de este año porque la ley impide aspirar a cargos públicos a los condenados por corrupción. El fallo debe ser confirmado por el Tribunal Electoral.

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