La jueza Loretta Preska dispuso que el Estado argentino deberá desembolsar 16.099 millones de dólares en compensación por la nacionalización de la petrolera
La Justicia de EE.UU. dejó firme este viernes el fallo que exige a Argentina pagar una suma multimillonaria por la expropiación de la compañía petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), nacionalizada en 2012, informó La Nación.
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dispuso que el país sudamericano deberá pagar 16.099 millones de dólares por la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof.
Preska ratificó la sentencia del pasado 8 de septiembre, cuando le dio la razón al fondo Burford Capital, que junto con Eton Park demandó a Argentina en los tribunales de ese país, luego de que ambas firmas compraron los derechos para iniciar el litigio.
El Estado argentino deberá abonar 14.385 millones de dólares a Burford Capital y 1.714 millones a Eton Capital, dos de los ‘fondos buitre’ que demandaron al país latinoamericano.
La Casa Rosada esperaba que la compensación total no fuera superior a los 4.920 millones de dólares, por lo que apelará la decisión de Preska.
La acusación de Cristina Fernández
Este viernes, la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner acusó a Paul Singer, dueño de otro de los llamados ‘fondos buitres’ que litigaron contra Argentina, de “sobornar” a un juez de la Corte norteamericana para que emitiese un fallo a su favor.
Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.
Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de… pic.twitter.com/pTw8oGIXUO
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2023
Cómo fue el proceso
El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de nacionalización del 51 % de Repsol YPF, que había enviado Fernández de Kirchner.
A partir de ese momento empezó un pleito legal con la multinacional Repsol, propietaria de YPF desde su privatización, en 1999.
Tras la estatización, en 2015 los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park compraron a bajo costo, a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera, el derecho a litigar contra Argentina e YPF.