Cuando emprendió su campaña para presidente de Guatemala, en 2015, Jimmy Morales probablemente nunca imaginó que enfrentaría una de las pruebas más difíciles como jefe de Estado: ver implicado a un familiar en un caso de corrupción.
Pero la vida puede llegar a ser bien cruel y esta vez castigó con creces a quien convenció a muchas guatemaltecas y guatemaltecos que lo más conveniente era optar por el outsider en política que repetía hasta el cansancio que podía servirles mejor porque no era ‘Ni corrupto, Ni ladrón’.
Ciertamente, hasta este momento y pese a la insistencia de varios sectores en cuestionar su gestión, nunca pudo comprobársele al actor de 47 años de edad su implicación en un acto de esa naturaleza, mas los últimos acontecimientos en torno a su hijo mayor y su hermano surten un mal efecto para su imagen.
Cuesta poco imaginar cuánto dolor debe sentir el gobernante y menos suponer que esta situación pondrá a prueba su integridad, emparentada con los valores ético-religiosos de los cuales dice enorgullecerse.
Dos días antes de la captura de su hermano Samuel Everardo (Sammy) y de que su hijo José Manuel tuviera que acudir al tribunal, debido a la imposibilidad de aprehenderlo en Casa Presidencial, conforme con lo establecido por ley, el gobernante aseveró que respetaría lo que decidieran las autoridades judiciales.
‘Respetaré la ley. Será la justicia la que resuelva ese problema’, declaró, en entrevista concedida a la radio Emisoras Unidas, durante la cual aseveró que en el transcurso de su gestión nunca interrumpió un proceso de investigación sobre casos de esta índole.
Pero este 18 de enero, sólo cuatro días después de presentar su primer Informe de Gobierno y de ufanarse por los progresos impulsados por su administración -a despecho de la crisis política, financiera e institucional recibida hace un año-, Morales tuvo que afrontar la peor prueba.
La titular del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, confirmaron en conferencia de prensa que su hijo y su hermano contribuyeron a sustraer fondos públicos y por ello deberán responder a la justicia.
Poco después la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, determinó que los dos debían ir a prisión preventiva por fraude, aunque declaró sin mérito el cargo de lavado de dinero imputado a estos por el MP.
Investigaciones alrededor del caso El Estado como botín: Registro General de la Propiedad (RGP), mostraron que el mayor de los tres hijos del mandatario y el tío ayudaron a desfalcar a esa entidad estatal, mediante la simulación de compras y de la realización de eventos públicos en 2013.
Ambos colaboraron en la adjudicación de contratos con el RGP por un valor superior a los 200 mil quetzales, o sea 26 mil dólares, aunque nunca se beneficiaron de manera directa.
De acuerdo con lo referido por las autoridades, en conferencia de prensa, los dos dos ayudaron al padre de la exnovia de José Manuel, Mario Estuardo Orellana -también capturado en esa jornada-, a lograr de manera ilícita las adjudicaciones de tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se realizaron.
Una de estas concesiones fue un desayuno para 564 personas por 90 mil quetzales, casi 12 mil dólares, para la cual el hijo del jefe de Estado presentó tres cotizaciones: dos falsas de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, y una de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensalada.
Esta última propiedad del diputado al Parlamento Centroamericano Othmar Sánchez, sindicado en el caso y sobre el cual pesa una solicitud de antejuicio con vistas a lograr su posible encausamiento.
El pago por el servicio de desayuno que supuestamente dio Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensalada lo recibió el exsuegro del hijo del presidente guatemalteco, más tal evento nunca se concretó.
En otra ocasión el RGP requirió alimentos para 40 personas durante tres días y recibió las solicitudes del Hotel Barceló y de Plus Espectáculos y Promociones, empresa propiedad del hermano del gobernante.
Esta adjudicación por 89 mil 975 quetzales (casi 12 mil dólares) tampoco se concretó, pero también fue cobrada por Orellana, luego de la presentación de la propuesta por parte del hijo del mandatario en nombre de la empresa de su tío.
Con posterioridad Plus Espectáculos y Promociones fue contratada por el RGP, por una cifra igual, para elaborar 564 cestas navideñas que serían distribuidas entre sus empleados y ese monto fue cobrado una vez más por Orellana.
Esto sí se realizó pero por la mujer de Orellana, Abdy Sussely Estrada, por lo cual es posible que esta sea capturada con la hija de ambos, por cuanto es de suponer que ayudó en todas esas maquinaciones.
‘Fui muy inocente…Fue algo que hice por querer ayudar a quien en ese momento lo necesitaba’, declaró José Manuel a la jueza respecto a su actuación con 19 años de edad.
El joven admitió haber ayudado a la familia de su exnovia a pedir a empresas facturas falsas para justificar adjudicaciones irregulares de tres eventos del Estado en 2013.
‘Si somos realistas, en Guatemala todos hemos visto situaciones similares. Por eso asumí que eso era hasta cierto punto normal en la cultura guatemalteca’, insistió y relató sus gestiones con tal de lograr que alguien le proporcionara facturas de sus empresas para ayudar a su exsuegra a solventar un negocio.
Pese al reconocimiento de su hijo de la comisión del delito, Morales manifestó que ‘ante esta situación difícil que vivo junto a mi familia, reitero que mi compromiso es con Guatemala y seguiré sentando las bases para que se fortalezca nuestra democracia, cueste lo que cueste’.
Es más, subrayó que prefiere la prevalencia del imperio de la ley, aunque instó a respetar el principio constitucional de inocencia y expresó su confianza en la justicia e imparcialidad de los jueces.