INICIO RegionalUn ganadero acusa al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica de “sembrar un grupo paramilitar” en Crucitas

Un ganadero acusa al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica de “sembrar un grupo paramilitar” en Crucitas

El ganadero Álvaro Salas responsabiliza al Ministro de Seguridad por el caos en Crucitas y advierte que el plan de usar seguridad privada en la frontera podría derivar en grupos paramilitares y más crimen organizado

Por Redaccion Central

Tropas de Costa Rica realizan revisión en la zonas de las Crucitas.

El ganadero de Río Cuarto, de nombres Álvaro Salas, hasta hace poco aliado y defensor del Gobierno de Rodrigo Chaves, compartió un video en las redes sociales donde afirma responsabilidad directa sobre el Ministerio de Seguridad Pública sobre el “desastre” que se vive en Crucitas, en la Zona Norte. El problema no es Nicaragua, a como lo ha sugerido el ministro Mario Zamora, sino la “inoperancia” de las autoridades costarricenses para el control del territorio fronterizo., afirma.

A través de su mensaje, el finquero afirma que Zamora apunta al eventual ingreso masivo de nicaragüenses a Crucitas, recordando que cada año la agricultura costarricense absorbe sin tantos conflictos a miles de migrantes para la cosecha de café y la producción de piña. “Yo creo que usted no entiende cómo funciona la Zona Norte y cómo funciona la agricultura y la pecuaria en Costa Rica”, reclama Salas al jerarca de Seguridad.​​

Una de las principales acusaciones del ganadero se dirige contra la idea de recurrir a una especie de “policía privada” para el refuerzo de la vigilancia en Crucitas, figura que ya ha sido cuestionada también por diputados, quienes han insistido que la protección de la soberanía recae en la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y los cuerpos especiales del Estado. Para Salas, la propuesta de Zamora viene a ser “una ocurrencia” peligrosa en una zona atravesada por minería ilegal, crimen organizado y abundancia de oro.​

“Usted lo que va a sembrar ahí es un grupo paramilitar”, indicó el productor, al considerar que un contingente armado privado, con conocimiento del terreno y acceso a recursos ilegales, podría volverse autónomo, financiarse con la riqueza de la zona y luego derivar en secuestros y otros delitos graves. El ganadero esta claro que, si en algún momento se corta el financiamiento o se desmantela dicha fuerza privada, los mismos grupos podrían reciclarse en estructuras criminales que se volverán difíciles de controlar.​

En su video, Salas ha descrito a Crucitas y el corredor entre San Carlos y el río San Juan como un punto altamente vulnerable por la presencia de oro y la facilidad para mover mercancías ilegales a través de la frontera con Nicaragua. Plantea que la ruta fluvial rumbo al Caribe convierte la zona en un escenario atractivo no solo para la minería ilegal, sino también para el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado. ​

El ministro Zamora ha alertado recientemente sobre la expansión de las áreas afectadas por las actividades ilícitas en Crucitas, que habrían pasado de 900 a 3.000 hectáreas, así como la destrucción de mojones fronterizos y el impacto ambiental provocado por los coligalleros. Seguridad Pública ha sostenido un operativo con unos 200 oficiales y un costo cercano a un millón de dólares mensuales, en medio del debate legislativo sobre un proyecto para regular la minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos y tratar de ordenar la explotación del oro.​

Salas ha comparado la situación de Crucitas con el contrabando de licores y cigarrillos en la frontera con Panamá, insistiendo en que no es correcto trasladar la responsabilidad a los países vecinos. “Eso es problema del Ministerio de Seguridad Pública y de Hacienda, de que no hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces no le eches las culpas a otros”, reprocha el productor en su mensaje al ministro Zamora.​

La intervención del ganadero se suma a una creciente ola de críticas al manejo estatal de Crucitas, donde distintos sectores políticos, municipales y sociales coinciden en que ha faltado presencia efectiva del Estado, cumplimiento de las sentencias ambientales y una estrategia integral que combine seguridad, control migratorio y ordenamiento de la actividad minera

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