A pesar de que el proyecto aún no ha sido aprobado, ya señala tendencias importantes en el complejo militar-industrial de Washington, incluyendo la apuesta por la IA y los sistemas de armamento autónomos, así como el aumento del papel del sector privado.
El proyecto de presupuesto del Departamento de Guerra de Estados Unidos para el año fiscal 2027 alcanza una cifra sin precedentes: 1,5 billones de dólares. Sin embargo, esta cantidad todavía no está aprobada por el Congreso. El plan contempla 1,15 billones de dólares mediante el procedimiento presupuestario ordinario y otros 350.000 millones a través del mecanismo de conciliación. La primera parte requiere, en la práctica, 60 votos en el Senado, mientras que la segunda puede avanzar con una mayoría simple de 51 votos. Por ahora, ninguna de las dos vías ha culminado y el destino de los 350.000 millones sigue siendo incierto.
Pero incluso como propuesta, el presupuesto permite observar varias tendencias estructurales. Una de las más importantes es el creciente peso de las empresas privadas dentro del gasto militar estadounidense.
Peso militar del sector privado
Según el proyecto Coste de Guerra de la Universidad Brown, entre los años 2020 y 2024 las empresas privadas recibieron 2,4 billones de dólares en contratos del Pentágono, equivalentes al 54 % de su gasto discrecional durante ese período. En la década de 1990, esta proporción era del 41 %. Cinco grandes compañías —Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman— concentraron 771.000 millones de dólares en contratos.
El nuevo presupuesto puede reforzar todavía más esta dependencia. El aumento del gasto se concentra especialmente en compras de armamento, investigación y desarrollo. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el presupuesto presidencial propone aumentar la partida de adquisiciones en 94.000 millones de dólares y la de investigación y desarrollo en otros 75.000 millones. Son precisamente áreas en las que el Estado depende en gran medida de fabricantes privados de aviones, misiles, municiones, buques, drones y sistemas electrónicos.
La parte de conciliación apunta en la misma dirección. De los 350.000 millones solicitados, 113.000 millones están destinados a la base industrial de defensa, mientras que unos 103.000 millones corresponden a tecnologías de nueva generación y sistemas autónomos, incluida la inteligencia artificial y las tecnologías contra drones.
Por tanto, aunque el Congreso todavía puede modificar sustancialmente estas cifras, la estructura de la propuesta ya indica un posible desplazamiento adicional del gasto público hacia los contratistas militares. No se trata simplemente de comprar más armas: una parte creciente de las capacidades que Washington considera estratégicas —desde la producción de municiones hasta la inteligencia artificial y los sistemas autónomos— será desarrollada y suministrada por empresas privadas.
