Brasilia – El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin resolvió hoy investigar al presidente brasileño, Michel Temer, por intentar obstruir la justicia al avalar el pago del silencio del exlíder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.
La medida derivó de las delaciones hechas en marzo último a la Procuraduría General de la República (PGR) por los empresarios Joesley y Wesley Batista, propietarios del frigorífico JBS, parte de las cuales fueron difundidas anoche por el diario O Globo en su versión digital.
Según Joesley Batista, Temer compró el silencio de Cunha, preso y condenado a 15 años por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas en el contexto de la operación anticorrupción Lava Jato, y del operador Lúcio Funaro.
Hoy, el propio ministro Fachin privó de su mandato como senador federal al líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y excandidato presidencial derrotado en 2014, Aécio Neves.
En su delación, Batista reveló también que el máximo dirigente ‘tucano’ le pidió dos millones de reales (más de 600 mil dólares) para cubrir los gastos de su defensa en la operación anticorrupción Lava Jato. La conversación fue grabada.
Además de eso, dijo que Neves recibió de JBS unos 60 millones de reales (más de 18 millones de dólares) en ‘propinas’ para su campaña electoral de 2014, en la cual fue derrotado por el binomio Dilma Rousseff-Michel Temer.
Fachin ordenó también esta mañana la separación de su encargo del diputado federal Rodrigo Rocha Loures, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño, involucrado en el propio escándalo.
Loures fue asesor especial de Temer desde octubre del pasado año hasta marzo último, cuando fue posesionado en la Cámara de Diputados para reemplazar al actual ministro de Justicia Osmar Serraglio.
Antes, el ahora legislador apartado fue jefe de relaciones institucionales de la vicepresidencia de la República, cuando Temer fungía como tal.
En un mensaje difundido esta tarde, el ministro del STF Celso de Mello pidió a las instituciones nacionales y los miembros de los Poderes del Estado a ‘prestar obediencia irrestricta a la Constitución y las leyes de la República como condición para preservar nuestras libertades fundamentales y la protección de nuestros derechos’.