La compañía exportadora de alimentos deberá pagar una multa de más de 120.000 dólares por daños morales y colectivos
La Justicia laboral brasileña condenó a la multinacional estadounidense Cargill, una de las principales compañías exportadoras de alimentos del mundo, por incentivar el trabajo esclavo y la explotación infantil en haciendas cacaoteras, informó este martes el Ministerio Público del Trabajo de Brasil.
Según el comunicado, Cargill deberá pagar una multa de alrededor de 121.000 dólares en concepto de daños morales y colectivos. Además, a la empresa se le impusieron seis oblicaciones que deberá implementar para establecer relaciones éticas en la cadena productiva, incluida la formalización de contratos laborales con todos los productores y proveedores de cacao con los que negocia.
Las irregularidades se presentaron en los estados de Bahía y Pará, donde la multinacional compra materias primas para la producción de chocolate y mantequilla de cacao. La condena, que es resultado de una acción civil pública por parte del Ministerio del Trabajo, exige rendición de cuentas para toda la cadena productiva del cacao, incluidas las industrias que compran insumos a productores rurales señalados por irregularidades.
Para la jueza Naiara Lage Pereira, responsable de juzgar el caso en primera instancia, no hay dudas sobre la perpetración de ilegalidades en las haciendas cacaoteras, así como de la asociación entre los proveedores implicados y Cargill.
“Al apoyar la contratación a través de intermediarios, la empresa demandada incentiva cada vez más el llamado sistema de tercerización material, dando lugar al aumento en la precariedad de las relaciones laborales”, argumentó.
Por su parte, la multinacional estadounidense alegó que no existe ningún deber legal que le imponga una supervisión sobre la cadena productiva y destacó que no mantiene relación laboral alguna con las haciendas, pues actúa simplemente como un “mero comprador”.
Cargill también afirmó que tiene un programa para fomentar el trabajo digno, combatir el trabajo infantil y proteger los derechos humanos. Además, asegura que sus proveedores son comparados con las listas gubernamentales de embargos, y en caso de encontrar irregularidades, no aceptan el producto y rescinden los contratos.