Ayer miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani y el ministro de Justicia de este país, Arce Zaconeta, han presentado una denuncia oficial ante la Organización de Estados Americanos por la detención de 9 de sus ciudadanos en territorio chileno.
A decir del ministro de Exteriores, los ciudadanos bolivianos, entre ellos “2 militares y 7 servidores públicos de la Aduana boliviana”, fueron detenidos el 19 de marzo de 2017 en la frontera con Chile mientras “cumplían con sus funciones de lucha contra el contrabando”.
Según el denunciante, los funcionarios bolivianos habrían interceptado “un convoy de 11 vehículos” que ingresó a territorio boliviano por “una ruta no habilitada”, ya que estaban contrabandeando. El ministro asegura que “un grupo de contrabandistas chilenos” solicitó la intervención de los carabineros de su país, quienes habrían detenido a los funcionarios “arbitraria e ilegalmente”, “bajo hostigamiento” y “agresión con uso excesivo de violencia”, que incluyó “disparos de amedrentamiento con serios indicios de tortura”.
Los ciudadanos bolivianos habrían sido llevados a territorio chileno y fueron privados de la libertad, acusados de cometer delitos de “contrabando, robo con intimidación y portación ilegal de armas”, sin que se respeten los procedimientos del derecho internacional y los derechos humanos, asegura Huanacuni.
Tanto el canciller, como el ministro de Justicia denuncian varios actos de “discriminación y racismo”, y un trato “extremadamente violento” a sus conciudadanos por parte de las autoridades chilenas.
La defensa chilena
La delegación chilena, a través de su representante, Juan Aníbal Barría, ha expresado su “profunda molestia” respecto a la denuncia presentada por Bolivia. Señala que las acusaciones presentadas por el país andino son “una nueva actuación de Bolivia, inconsistente y sin ninguna credibilidad”.
Según Barría, Bolivia y sus autoridades “no pueden pretender usar los foros internacionales” para “criticar instituciones judiciales y autoridades públicas chilenas” que “cumplen sus tareas y funciones según las normas de derecho”.
Chile, a través de su representante, niega que las condiciones en las que fueron detenidos los implicados y el trato que se les dio a los ciudadanos bolivianos hayan sido violentos y cataloga las denuncias de una “mentira”. Asimismo, acusa a las autoridades bolivianas de “insultar” a la presidenta de su país, Michelle Bachelet.