Un estudio sobre violencia contra periodistas en Latinoamérica que sostiene que aunque los colegas hombres también son atacados “por temas políticos o de coyuntura”, las mujeres reciben son más discrminadas y agredidas con connotaciones sexuales
Un informe sobre violencia digital de género contras las mujeres en Venezuela revela que se trata de un problema estructural que afecta especialmente a las mujeres con perfil público, entre ellas activistas, defensoras de DD.HH. y periodistas.
Para la elaboración del informe, la organización Espacio Público analizó tres casos de violencia digital de género contra mujeres y halló, entre otras cosas, que entre las modalidades de ataques se documentan “la estigmatización, descalificación y acoso por razones y/o impactos de género, así como la intimidación, chantajes con exposición de datos personales y amenazas”.
Ricardo Rosales, investigador de Espacio Público, sostiene que muchos de los ataques buscan desacreditar la participación de la mujer en el escenario público y plantea que, en un país como Venezuela, donde, a su juicio no existe protección por parte del Estado, entre otras medidas es necesario fortalecer la “alfabetización digital”, así como las prácticas de seguridad digital y personal.
“Hay como una mirada dominante sobre este asunto que es un paradigma de tolerancia, es decir, como un asunto de las redes sociales o de los espacios digitales como algo particular cuando se está visibilizando que es un problema de derechos humanos y es un problema esencialmente de igualdad y de libertad de expresión”, detalló durante la presentación del informe.
Fernanda Vanegas, especialista en DD.HH. de las mujeres e igualdad de género, resaltó la importancia de entender que violencia en línea contra las mujeres es una forma de violencia de género invisibilizada e incomprendida.
“La digitalización, el proceso de digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las conductas y actitudes que tenemos en este espacio ha ido más rápido que lo que los sistemas legales o penales o las prácticas de protección y prevención en materia de derechos humanos han ido y ahí hay un desfase”, dijo.
El informe sugiere al Estado venezolano implementar sus obligaciones positivas en materia de igualdad y libertad de expresión “en relación con la violencia digital mediante acciones integrales de prevención y formación para educar y promover el respeto a la diversidad”.