CARACAS – La mayoría de los nuevos jefes militares de Venezuela, nombrados el martes por el presidente Nicolás Maduro, enfrentan denuncias de diputados opositores por violar los derechos humanos durante los últimos casi tres meses de protestas antigubernamentales.
Efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han sido grabados golpeando, disparando y hasta robando a participantes en las protestas, en medio de las que han muerto al menos 74 personas.
Los altos mandos militares se han excusado asegurando que son comportamientos exclusivos de “manzanas podridas” y que no representan el accionar regular de las fuerzas armadas.
Con la consigna de “a ganar la paz, que es nuestra meta”, Maduro reemplazó al jefe de la Guardia Nacional, el mayor general Antonio Benavides, por el también mayor general Sergio Rivero, en medio de fuertes críticas al componente luego de que tres de sus efectivos fueran captados en fotos y videos disparando a manifestantes el lunes.
Los nuevos jefes del Ejército, la Armada, la Aviación y del Comando Estratégico Operacional, el máximo órgano de planificación y ejecución de las Fuerzas Armadas, también están incluidos en la denuncia opositora. El Ministerio Público no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.
“Generales y almirantes que denunciamos ante el Ministerio Público por cometer atrocidades contra venezolanos, son premiados y ascendidos”, escribió en su cuenta de Twitter la diputada opositora Gabriela Arellano.
“Que quede claro que el ser ascendidos no los exime de la responsabilidad de las atrocidades cometidas”, agregó.
Rivero habría sido denunciado por tortura en el 2004, según Rocío San Miguel, una analista de temas militares. Reuters no pudo comprobar la veracidad de las denuncias.
“Los cambios en el alto mando militar agravarán las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela”, escribió San Miguel en Twitter.
Maduro también ratificó al general Vladimir Padrino como ministro de Defensa, otro funcionario criticado por el papel de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas.
Presión interna y externa
Los nombramientos de Maduro coincidieron con un fuerte repudio a la Guardia Nacional después de que efectivos de esa división fueran detenidos el lunes por disparar contra manifestantes. Uno de ellos, de 17 años, murió tras recibir un disparo en el tórax, y al menos otros cuatro resultaron heridos por armas de fuego, dijo el Ministerio Público.
La comandancia de la Guardia Nacional en Caracas amaneció rodeada de urnas de cartón y bolsas negras rellenas de papel simulando cadáveres, dejadas por diputados opositores.
“No pueden seguir asesinando a los jóvenes venezolanos en la calle”, dijo el diputado opositor Tomás Guanipa en la sede la Guardia Nacional. Los legisladores, vestidos de negro, llevaron fotos del momento en que uno de los soldados apunta a manifestantes. “Esos son delitos de lesa humanidad que no prescriben”, agregó.
Mientras que en Cancún, la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformó en un campo de batalla entre Venezuela y un grupo formado por Estados Unidos, Canadá y 10 países latinoamericanos en medio de críticas al manejo de la crisis política y económica en la nación.
Maduro sostiene que las protestas sólo buscan desbancarlo. Mientras, ha arreciado su campaña para instalar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de modificar la carta magna y reformar las instituciones del Estado, como el Parlamento, en manos de la oposición, o el Ministerio Público, encabezado por una crítica de su gestión.
El Tribunal Supremo de Justicia admitió el martes un recurso introducido por un diputado oficialista que busca un juicio en contra de la fiscal general, Luisa Ortega, que podría llevar a su destitución.
Ortega, quien deberá acudir a una audiencia pública ante el pleno de los magistrados, consideró el proceso legal como un atentado al estado de derecho y denunció que en Venezuela la democracia “corre su mayor peligro”.
La oposición cumplió el lunes 80 días de protesta en las calles y ha dicho que seguirá manifestando hasta que se cumplan sus principales demandas: elecciones presidenciales adelantadas, respeto de los derechos humanos y liberación de más de un centenar de “presos políticos”.