La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana manifestó en un comunicado divulgado el pasado viernes su preocupación por la violencia que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado contra los manifestantes y exhortó al Ministerio Público a castigar el exceso de la fuerza.
Los obispos acusaron al gobierno de haberse convertido el “principal trasgresor” de los derechos de los ciudadanos e identifican en particular a los organismos de seguridad, “particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos” como los que ejercen la mayor violencia.
La Comisión, presidida por Mons. Roberto Lückert, rechaza además en su comunicado la convocatoria de una Asamblea Constituyente “que niega y vulnera la progresividad de los derechos humanos y sumerge a la Nación entera en una situación de convulsión social y violencia”.
En el comunicado se exhorta a que se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, se castigue a los funcionarios involucrados en los hechos de violencia y exige al Poder Judicial “que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los Derechos Humanos”, recordándoles su independencia ante los demás poderes.