El proyecto de ley para retirarse del organismo fue aprobado con 134 votos a favor y 37 en contra.
El Parlamento de Hungría ha aprobado el martes un proyecto de ley que marcará el inicio del proceso de retirada del país de la Corte Penal Internacional (CPI) que se prolongará durante un año, reporta Reuters.
“Hungría rechaza firmemente el uso de organizaciones internacionales, en particular los tribunales penales, como instrumentos de influencia política”, señala el documento que fue aprobado con 134 votos a favor y 37 en contra.
A finales de abril, los legisladores del país ya apoyaron la idea de abandonar la CPI.
Budapest ha criticado en varias ocasiones al organismo. Así, en 2023, no respaldó la decisión del tribunal de emitir una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en el contexto del conflicto en Ucrania. Además, calificó de “escandalosamente descarada” y “cínica” la orden de arresto emitida en 2024 contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Tras salir de la CPI, la nación dejará de ser uno de los 125 miembros del tribunal que tienen la obligación de cooperar con él. De momento, entre los Estados que no reconocen su jurisdicción están EE.UU. (fue parte del Estatuto de Roma pero retiró su firma), Rusia (firmó pero no ratificó), Israel (firmó pero no ratificó) y China (no firmó el documento).
La CPI fue creada por el Estatuto de Roma como un órgano judicial independiente, pero en los últimos años han aumentado las críticas en su contra, pues según varios líderes mundiales, políticos y juristas, carece de imparcialidad. En particular, se suele mencionar el sesgo “africano” del tribunal, señalando que se ha centrado desproporcionadamente en crímenes de guerra cometidos en conflictos en África.
Algunos expertos también han indicado un “problema de doble estándar” en la corte internacional. Un caso relevante es el de Ucrania, que se adhiere a la CPI bajo la condición de no ser juzgada durante siete años, mientras enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad por sus ataques a civiles y por perseguir a la población rusoparlante durante años.