Un grupo de organizaciones documentaron en un amplio informe que Ministerio Público —a cargo de la fiscal general Consuelo Porras— en Guatemala, ha dejado injusticia e impunidad, al haber dejado de perseguir delitos comunes como la violencia.
CIUDAD DE GUATEMALA — Nueve organizaciones defensoras de los derechos humanos en Guatemala presentaron un informe el jueves en el que denunciaron que el Ministerio Público —a cargo de la fiscal general Consuelo Porras— genera injusticia e impunidad, al haber dejado de perseguir delitos comunes como la violencia contra las mujeres y criminalizar a quienes intentan investigar irregularidades.
Las nueve organizaciones, aglutinadas en un grupo de Convergencia en Derechos Humanos, investigan y denuncian violaciones a dichos derechos, entre ellas casos de violencia hacia mujeres, crímenes contra defensores de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y corrupción.
En su informe indicaron que durante la gestión de Porras ha disminuido en un 30 % la obtención de sentencias por delitos cometidos en el país. Además, “un 87 % del total de denuncias fueron desestimadas y archivadas, generando impunidad sistémica”, señaló Alejandro Rodríguez, abogado y uno de los integrantes del grupo.
En un mensaje telefónico a The Associated Press el jueves por la noche, la Fiscalía dijo que las acusaciones eran falsas y que esa administración ha sido la “más eficiente de la historia”.
Según la Dirección de Comunicación del Ministerio Público, “actualmente se ha resuelto el 99 % de esta mora fiscal heredada de administraciones anteriores y se ha alcanzado una efectividad del 97 % en la resolución de los nuevos casos, resolviendo 2.568.219 expedientes”, sin entrar en detalles sobre la forma en que se resolvieron los casos.
El sistema judicial y fiscal de Guatemala ha sido cuestionado por diversas organizaciones y países, así como por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, quien asumió el poder en enero y prometió en campaña luchar contra la impunidad y la criminalización de quienes denuncian irregularidades.
En una visita al país en julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, habló sobre los alegatos de falta de objetividad “ampliamente difundidos sobre el trabajo del MP” y requirió que el Estado de Guatemala haga “un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos”.
Las organizaciones de la Convergencia exhortaron el jueves a que, a través de la ley, se pueda establecer un mecanismo independiente con miras a investigar, juzgar, sancionar y definir responsabilidades legales ante casos de denegación de justicia por parte de la fiscalía.