Ocho de los diez candidatos presidenciales suscribieron un acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. La oposición lo descartó por considerarlo “redundante” debido a que el punto está contemplado en los acuerdos firmados en Barbados.
CARACAS — Ocho de los 10 aspirantes presidenciales firmaron este jueves un acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, lo descartó argumentando que el punto es “redundante” debido a que está contemplado en el Acuerdo de Barbados que, afirma, ha violado el gobierno.
El aspirante presidencial opositor Enrique Márquez tampoco firmó el documento.
El acuerdo suscrito por los candidatos Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri Angola, José Brito, Benjamín Rausseo, Claudio Fermín y Javier Bertucci, establece el compromiso de reconocer al Poder Electoral como “única autoridad legítima y competente para la organización, administración, dirección y vigilancia” de la elección.
El pacto también establece el compromiso de reconocer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha cumplido las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecido en el cronograma electoral, “respetando la expresión perfecta de la voluntad popular” en consonancia a los acuerdos de Barbados, lo que la oposición ha cuestionado y denunciado en varias ocasiones.
Más temprano, González Urrutia reiteró que el reconocimiento de los resultados está contemplado en el punto 12 de los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados que, insistió, ha sido violado por el gobierno al revocar la invitación a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) y al “aumentar” la persecución contra dirigentes y simpatizantes opositores.
“Es un indicio del sesgo que caracteriza esta campaña desigual, donde el CNE debería actuar con la imparcialidad exigida por la Constitución y la Ley. Un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre todas las partes. El diálogo entre las partes será nuestra guía, nunca la imposición”, precisó en un comunicado.
González afirmó que como demócrata se someterá a la voluntad del pueblo venezolano y dijo que no hay motivos para dudar de ello. “Para la expresión de la voluntad del pueblo, exijo garantías y respeto”, subrayó.
“No acudió al llamado de la patria”, dijo Elvis Amoroso, presidente del CNE al llamar a González a estampar su firma en un acto que fue celebrado en la sede principal del organismo en el centro de Caracas.
El documento establece, además, competir en un clima de “respeto, paz y participación democrática” para que el 28 de julio y los días posteriores “no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”.
La propuesta de firmar un acuerdo para reconocer los resultados que emanen el 28 de julio, fue presentada por el jefe del comando de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez.
El gobierno ha señalado a la oposición de buscar instalar una matriz de “fraude” electoral con el objetivo de promover violencia.
La oposición liderada por María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, que respalda a González, insiste, sin embargo, en que se mantendrá en la ruta electoral para lograr una transición en el país que vive momentos de incertidumbre política.
Desde inicios de este año ha denunciado una sistemática ola de persecución y amedrentamiento. En lo que va de 2024 al menos 37 dirigentes políticos y líderes sociales han sido arrestados señalados de organizar supuestos planes desestabilizadores en el país.
Varios gobiernos, entre ellos el de Brasil han reiterado la importancia de que los comicios en Venezuela cuenten con una “amplia presencia de observadores internacionales”, conforme a los acuerdos firmados en Barbados, luego de fue revocada la invitación a la MOE UE.
El acuerdo firmado este jueves también exige el levantamiento de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, así como rechazar financiamiento o recurso “provenientes de hechos ilícitos nacionales e internacionales”.