El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha tipificado la homofobia como un delito y, por el momento, será castigado con el mismo tratamiento penal que el racismo hasta que el Congreso apruebe una ley especifica.
Los colectivos Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales (LGTBI+) han calificado la sentencia como “histórica”, teniendo en cuenta que la homofobia mata en el país a una persona al día y que se presenta como un grave y extendido problema social.
La resolución se ha concebido en el marco de la sexta sesión que el STF dedica a esta materia desde el último trimestre de 2018. El juicio que ha dado lugar a la consecución de la criminalización por este delito fue iniciado por petición del Partido Socialista Brasileño (PS).
La decisión era muy esperada por los activistas del país desde que el pasado mes de mayo el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, levantó una ola de críticas a consecuencia de una serie de declaraciones que atentaron contra este colectivo.
Además de eliminar las responsabilidades LGTBI+ del Ministerio de Derechos Humanos, el ultraderechista, apoyado por la Iglesia católica y el movimiento popular evangélico cristiano, no ha cesado de criticar y oprimir a los homosexuales, transexuales y transgéneros desde que tomó la Presidencia del país.
Con la aprobación del STF son 43 los países que criminalizan la homofobia. A pesar de que Brasil permite el matrimonio homosexual y el cambio de nombre y/o sexo en el registro civil, las víctimas por homofobia le sitúan, desafortunadamente, en el podio.
En esta línea, la magistrada Cármen Lúcia ha manifestado que “todo prejuicio es violencia, toda discriminación es causa de sufrimiento”.
Condena
Con ocho votos a favor y tres en contra, violentar o discriminar a un ciudadano brasileño por su orientación sexual se convierte en delito y podrá ser condenado con penas de cárcel de entre uno y tres años, además de una multa.
Sin embargo, si el STF considera la divulgación homofóbica a través de las redes sociales o en los medios de comunicación, la pena rondaría entre los dos y cinco años de prisión.
Por el momento, el Tribunal no ha publicado más detalles sobre los supuestos ni tan poco sobre la fecha en la que estará vigente con plenitud.