LA JORNADA

OEA aprueba el TIAR que traerá serios problemas a funcionarios del régimen de Maduro

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dio a conocer ayer lunes la resolución tomada tras la reunión que realizó el órgano consultor de la OEA sobre la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.

Holmes dijo en conferencia de prensa que se ha decidido identificar a personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro que estén involucradas en lavado de activos, y que para ellos se aplicará “todas las medidas para perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables”.

También dijo que se congelarán los activos que estas personas tengan en cualquiera de los territorios miembros del TIAR y que la resolución aplica aun para quienes ya no son parte activa del gobierno de Nicolás Maduro.

El documento que contiene la resolución fue publicado por la OEA y en el también solicita Instruir a los Representantes Permanentes ante la OEA de los Estados Partes del TIAR que den seguimiento a la situación en Venezuela y su impacto en la región con objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones, en el marco del Artículo 8 del TIAR.

La invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, fue aprobado el pasado 11 de septiembre en la sede de este organismo en Wahington DC, con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto ausente.

Previo a esta reunión, algunos representantes de delegaciones a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han expresado lo importante que es para la región que los países se unan en bloque para poder terminar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Entre esos se encuentra el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quien dijo a la Voz de América que el gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto y preparado para imponer más sanciones.

“Claramente el objetivo es cooperar sobre temas de presión diplomática, presión económica”, dijo Abrams y aludió a ejemplos como la política desarrollada por Brasil y Canadá en ese sentido respecto a Venezuela.

El Tratado prevé una gama de opciones, que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas y la opción de acciones coercitivas de carácter militar.

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