Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas.
El Gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte. Además, el pueblo nicaragüense se ha visto privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las voces disidentes son silenciadas, decenas de organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas y la represión estatal no cesa.
A raíz de las protestas sociales que estallaron en la primavera de 2018, el Gobierno nicaragüense ha empleado la violencia contra su propia población, ocasionando muertes, desapariciones forzosas, encarcelamientos, maltratos y exilios en masa y convirtiendo el país en una república del miedo. Las elecciones del 7 de noviembre completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático.
La Unión Europea ha pedido reiteradamente que se respeten los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y seguirá haciéndolo. La Unión Europea reafirma asimismo su compromiso de seguir apoyando el desarrollo económico y social de los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense.
Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a la represión y restablecer el pleno respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles y políticos. Debe autorizarse el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por encima de todo, la Unión Europea pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra ellos.
La Unión Europea ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera agravar las dificultades del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los responsables de los sucesos antidemocráticos en Nicaragua. Con este mismo espíritu, estudiaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales.
Por último, pedimos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, que es su titular legítimo.